La importancia del dato y la evidencia: algunas notas sobre el debate actual en Cuba.

Por Julio Carranza, autor invitado de este blog, somete a consideración del lector un interesante artículo. El Estado como tal.

Desde la última campaña electoral en Estados Unidos hemos estado observando entre el espanto y la preocupación, el desprecio de los actuales dirigentes de ese país por los datos de la realidad, por las estadísticas que demuestran las características, la dimensión, la duración o el impacto de determinado fenómeno o de determinado proceso, hemos visto las declaraciones más delirantes sobre situaciones que están a la vista en las que se aprecia algo muy distinto y a veces hasta contrario a lo que el discurso político afirma impávidamente sobre ellas; así vimos aparecer entre asombrados e indignados “conceptos” como la “post verdad” o la “verdad alternativa”; por ejemplo: “a la toma de posesión asistió el mayor público de la historia”, cuando los cálculos estadísticos demuestran lo contrario; “el cambio climático es un invento chino”, cuando las cifras demuestran las consecuencias terribles del efecto invernadero y del calentamiento global en todas partes del planeta; “ganamos el voto popular”, cuando los órganos de regulación electoral demuestran con cifras todo lo contrario; “la gente nos apoya cada vez más”, cuando las encuestas ofrecen las más bajas cifras de popularidad de la historia reciente de ese país, etc. y así no nos cansamos durante los últimos meses de observar las afirmaciones más disparatadas y las decisiones políticas más delirantes de parte de la potencia extranjera más poderosa del mundo. Sería de risas si no fuera por lo peligroso que resulta una política sustentada en una percepción y una configuración falsa y deforme de la realidad, basada no en las evidencias objetivas sino en las interesadas fantasías de la “post verdad” o la “verdad alternativa”

Pero lo anterior, por más preocupante que sea, no es del todo extraño, puesto que es quizás solo la expresión más extrema de una política que históricamente se ha basado en la fabricación de una falsa realidad para trazar rutas de acción con arreglo a sus intereses: desde la voladura del Maine, hasta la invasión a Irak debido a la existencia de “armas de destrucción masiva”.

Sin embargo, escuchar donde se pretende hacer una política de progreso, revolucionaria y liberadora, afirmaciones como que los datos de la realidad no son esenciales, que para transformar la sociedad no es fundamental observar y medir las evidencias, que lo determinante en una política revolucionaria es la fe y la mera subjetividad, es ir en contra no sólo de la más elemental racionalidad y de la tradición marxista y leninista, sino en contra de la verdadera esencia del pensamiento y la obra liberadora de las principales figuras de la historia revolucionaria del mundo, quizás con la excepción de aquellas basadas en relatos que están más allá del “reino de este mundo” como pueden ser la multiplicación milagrosa de los panes y los peces o la resurrección de Jesús de entre los muertos, las cuales pertenecen más a la fe religiosa de los creyentes (la cual merece por supuesto todo el respeto), que al conocimiento riguroso que explican las causas, trayectorias y consecuencias de varios milenios de la Historia conocida.

En los procesos transformadores, sobre todos aquellos que se plantean construir una nueva sociedad, el conocimiento y la capacidad de medir la realidad es determinante, aun cuando se decidan cursos de acción de alto riesgo cuyos resultados pudieran conducir al éxito. En Cuba, el grito de “ahora sí ganamos la guerra” no fue resultado de una inspiración divina, ni de la decisión de “dar un salto al vacío”, fue el resultado de un análisis brillante y riguroso de los datos de la realidad nacional, de la apreciación de la existencia de una situación revolucionaria respaldada por un movimiento que se había articulado por toda la nación agrupado en diferentes organizaciones que ya había realizado acciones trascendentes en las principales ciudades del país y que había demostrado su disposición de luchar para derrotar al gobierno opresor que se les enfrentaba; claro que la existencia de un liderazgo ejemplar y de una voluntad extraordinaria eran también una necesidad para conducir con éxito esa realidad, que no necesariamente por existir daría lugar al resultado que perseguía. Para decirlo de otra manera, la voluntad y la subjetividad son también datos de la realidad que deben ser apreciados, pero se debe ser capaz de medir las realidades concretas sobre las cuales se actúa para comprender si es posible y también probable, torcer o no el curso de la historia en determinada dirección. Así sucedió en Cuba, dando lugar al proceso de transformaciones más profundas en la historia de esta región. Sin embargo, también en esta región sobran los ejemplos de actos de la mayor y más auténtica voluntad y entrega revolucionaria que han fracasado en sus propósitos debido a diferentes razones, pero entre ellas, precisamente, a una evaluación no objetiva de las condiciones de la sociedad que se planteaba transformar, basada esencialmente en la fe, en el entusiasmo y en la siempre respetable disposición de entregarlo todo por una causa noble, pero sin el suficiente conocimiento y análisis objetivo sobre la realidad que se quería transformar.

Claro que los que lo intentaron merecen todo el reconocimiento por su ejemplo de entrega personal y el paradigma de fidelidad que dejaron en la historia.

Sin embargo, en las condiciones difíciles y complejas que enfrenta Cuba hoy, donde lo que se plantea no es ganar la guerra contra una dictadura ni asaltar un nido de ametralladoras, sino encausar un proceso de carácter socialista, en medio de un mundo capitalista, desde una isla pobre y fuertemente bloqueada, sin importantes alianzas internacionales, con una economía en situación crítica, con una nueva generación que con toda legitimidad reclama nuevos espacios y con un mundo de nuevas tecnologías que impactan todas las dimensiones de las relaciones sociales, lo que se exige es tener el mayor conocimiento posible de esa realidad, la mayor cantidad de estadísticas, el análisis y el debate más riguroso, etc. sin los cuales la “voluntad” es solo un acto vacío de fe, sin ninguna consecuencia positiva sobre la realidad. Es con el conocimiento objetivo de la sociedad y sus circunstancias que la voluntad sí puede y debe, ejercer su propósito transformador.

En muchos de los textos que vemos en este debate sobre el “centrismo”, incluso en uno recientemente publicado en un importante medio, lo que se aprecia en gran medida es más una declaración de aspiraciones sobre la apreciación de una “realidad” que se construye con los datos de la “verdad alternativa” o la “post verdad”, que una voluntad en búsqueda de las evidencias concretas que ofrece la realidad y el análisis riguroso del mundo y de la sociedad concreta sobre la cual se propone actuar (que por cierto, es en parte también resultado de nuestras propias políticas)

Que esas tendencias subjetivistas vengan del Norte es casi natural, pero que se instalen en nuestra cultura política es inconcebible, así sea en nombre de las mejores causas, es muy peligroso y es muy negativo.

Lo que habría que acabar de aceptar es que sobre la apreciación de la realidad tenemos diferencias notables que deberíamos discutir con altura, sin calificativos vacíos y sin ofensas irracionales, puesto que es mucho y precioso lo que está hoy en juego.

Las descalificaciones y las etiquetas apuntan a caricaturizar un debate que es muy diverso; lejos de contribuir a buscar la verdad y construir los consensos necesarios, se genera crispación y fisuras que se pueden convertir en insalvables. Por supuesto que hay posiciones irreconciliables, pero hay muchas que no lo son.

Entre socialismo y capitalismo claro que no hay compatibilidad posible, en eso podríamos estar de acuerdo, pero no creo que estemos muy de acuerdo en qué entendemos por socialismo, me temo que con algunos tengamos consideraciones muy diferentes a juzgar por lo que leo en muchos textos del debate contemporáneo, además de por haber vivido la historia reciente. Somos cubanos, sabemos de dónde venimos, sabemos cuáles han sido nuestras posiciones.

Además de que sin una discusión rigurosa de la experiencia histórica del socialismo real, es muy difícil hablar con seriedad de su futuro en cualquier lugar, más aún en las condiciones concretas de Cuba. Entre los puntos a discutir están aquellos que el socialismo histórico nunca resolvió adecuadamente en ningún lugar, entre otros: el problema del mercado y el problema de la democracia. Acerca de mis puntos de vista sobre estas cuestiones me he extendido en otros textos y habrá la oportunidad de volver sobre ello. Quizás solo decir aquí que el sustento del socialismo ha de ser la soberanía de todo el pueblo, no la soberanía de la burocracia.

Como he afirmado en varios ocasiones no comparto el radicalismo fatuo basado en declaraciones vacías que subestima los datos de la realidad objetiva y que no conduce a ninguna acción transformadora sino que más bien la paraliza; y por supuesto tampoco estoy de acuerdo con aquellos otros que afirman que asisten a este debate sin “ninguna filiación ideológica”: esa sería quizás la más ideológica de cualquier afirmación. En todo caso hay mucho por discutir sin etiquetas ni clasificaciones absurdas y excluyentistas y lo más importante, hay mucho por hacer. Insisto en que debemos partir de una historia bien estudiada, pero es preciso ir más allá de esa historia; no tenemos otra alternativa.

https://elestadocomotal.com/2017/07/08/julio-carranza-la-importancia-del-dato-y-la-evidencia-algunas-notas-sobre-el-debate-actual-en-cuba/

Una ley para hacer las leyes

Michel Fernández Pérez, Cuba Posible

Uno de los procesos más complejos y de gran importancia para medir los sistemas democráticos es el proceso legislativo o de creación de disposiciones normativas. En el proceso de creación normativa confluyen muchos aspectos, tales como:

1. Las herramientas técnico jurídicas con que cuenta el profesional del Derecho para darle forma jurídica a la norma propuesta.

2. Los conocimientos específicos de la materia que se está regulando.

3. Las condiciones económicas, sociales y políticas que influyen en la aplicación de la norma.

4. La legitimidad del órgano que propone o aprueba la norma.

5. La capacidad del Estado para ser capaz de hacer cumplir esa norma; es decir, contar con un sistema de coerción eficiente que garantice el cumplimento de la misma.

6. La relación entre la norma propuesta y el sistema normativo vigente en ese momento específico.

Quizás uno de los aspectos más importantes en el proceso legislativo (y que en muchas ocasiones se ha escapado del análisis esencial de la creación democrática del Derecho), es la relación entre el órgano de Estado o Gobierno que crea la norma y de los que deben cumplirla. Esta relación, muchas veces, es de poder del legislador sobre el destinatario de la norma, cuando debe ser a la inversa.

Si nos atenemos al precepto constitucional de que la soberanía reside en el pueblo y que de éste dimana todo el poder del Estado y sus órganos, resulta que los que deben estar subordinados al pueblo son los que hacen la norma. Sabemos que, en la realidad política, esto no sucede de esta manera, lo que no exime que se deba trabajar para potenciar la soberanía popular en la creación del Derecho, pues mecanismos existen para ello.

La Constitución cubana reconoce como disposiciones normativas las siguientes: la Ley, en este caso se usa el término ley en sentido estricto, ya que en muchas ocasiones se utiliza en el sentido de hacer referencia a todas las disposiciones normativas. De acuerdo a la Constitución, el único órgano del Estado legitimado para aprobar leyes es la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). La ANPP tiene, incluso, la potestad de aprobar leyes de reforma constitucional requiriendo para ello una mayoría cualificada de dos tercios, excepto en lo relativo al sistema político, social y económico (que se considera irrevocable) y la prohibición de negociar bajo presión. En los casos de modificar las atribuciones de la ANPP o del Consejo de Estado, o los derechos y deberes constitucionales, requiere además la aprobación popular mediante referendo.

El artículo 88 de la Constitución dispone que los sujetos legitimados para el ejercicio de la iniciativa legislativa son: a) los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular; b) el Consejo de Estado; c) el Consejo de Ministros; ch) las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular; d) el Comité Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las Direcciones Nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales; e) el Tribunal Supremo Popular, en materia relativa a la administración de justicia; f) la Fiscalía General de la República, en materia de su competencia; y g) los ciudadanos. En este caso será requisito indispensable que 10 000 ciudadanos ejerciten la iniciativa (todos deben tener la condición de electores).

El Capítulo V del Reglamento de la ANPP regula el procedimiento legislativo para la presentación de una propuesta de ley. Dentro de los sujetos legitimados en el artículo 88 de la Constitución, nunca han hecho uso de esa competencia ni un diputado, ni los 10 000 ciudadanos, que sería el caso de la iniciativa legislativa popular. En este caso, el Reglamento de la ANPP (Art.64) requiere que “los ciudadanos promoventes del proyecto, acompañan declaración jurada ante notario, donde se acreditará la identidad personal mediante los datos del carné de identidad como documento idóneo y probatorio de la individualización de una persona, así como de que no está invalidada para ejercer el sufragio activo o pasivo”.

Hasta la fecha la ANPP ha aprobado 121 leyes, número que sin dudas podemos considerar bajo, si lo comparamos con los más de 300 Decretos-leyes y más de 300 Decretos. Por otra parte, también contrasta el hecho de que desde 1987 (fecha en la que las Gacetas Oficiales comienzan a estar en formato digital), se han aprobado más de 20 000 resoluciones por los diferentes Organismos de la Administración Central del Estado.

Esta falta de producción legislativa del órgano supremo de poder del Estado en Cuba resulta aún más preocupante cuando un número de cuestiones que la Constitución dispone que se regulará por la ley, no han sido aprobadas como, por ejemplo: las relaciones del Estado con las instituciones religiosas (Art.55), la libertad de palabra y de prensa (Art.53). En tanto, a continuación, haré precisones en torno a la identidad de los decretos-leyes, los decretos y las resoluciones.

DECRETOS-LEYES

Los Decretos-leyes son aprobados por el Consejo de Estado y son disposiciones normativas de menor rango que las leyes en sentido estricto, y solo pueden ser dictados entre los períodos de sesiones de la ANPP. Sin embargo, los Decretos-leyes pueden modificar a las leyes aprobadas por la ANPP, a la misma vez que la ANPP tiene la facultad de revocar estos, cosa que nunca ha ocurrido.

Si el proceso de creación de las leyes en sentido estricto está regulado en la Constitución y el Reglamento de la ANPP, para los Decretos-leyes solo se dispone del artículo 90, inciso C de la Constitución. Este faculta al Consejo de Estado a dictar Decretos-leyes entre los períodos de sesiones de la ANPP y, por ende, el proceso de creación de estos partiendo desde la iniciativa, circulación, discusión y aprobación no está regulado por el Derecho.

Es cierto que existen disposiciones internas del Consejo de Estado sobre cómo es el procedimiento para aprobar un Decreto-ley, pero estas disposiciones no son públicas (no están publicadas en la Gaceta Oficial). A esto se suma que el Consejo de Estado tampoco cuenta con su Reglamento, que de acuerdo al inciso P del artículo 90 de la Constitución, el Consejo de Estado debe tener.

DECRETOS

Los Decretos son aprobados por el Consejo de Ministros, máximo órgano ejecutivo y administrativo y que es el Gobierno de nuestro país. El Decreto-ley No. 272 “De la organización y funcionamiento del Consejo de Ministro” de 16 de julio de 2010, dedica el Capítulo IV al ejercicio de la iniciativa legislativa por el Consejo de Ministros y a la forma en que este emite sus decisiones.

En este sentido, incorpora la figura del Decreto Presidencial, que es contrario a los principios de organización y funcionamiento del Estado cubano (estos principios se basan en el funcionamiento colegiado de sus órganos y en la subordinación de la minoría a la mayoría). Unido a ello, mediante este Decreto-ley se le otorga al Jefe de Gobierno una facultad que no está reconocida constitucionalmente. Este Decreto-ley también establece que el Jefe de Gobierno puede aprobar resoluciones, cuando la Constitución solo faculta a los jefes de los Órganos de la Administración Central del Estado (OACEs) a dictar estas.

Existen muchos aspectos controversiales en el aludido Decreto-ley, que cursan por problemas técnico jurídicos y que desembocan en franca ilegalidad. No obstante, considero que su aprobación fue un paso importante en la institucionalización del país, ya que por más de 34 años no se contó con una disposición normativa que regulara el trabajo del Consejo de Ministros. Sin embargo, aún no contamos con una disposición que regule el trabajo del Consejo de Estado.

RESOLUCIONES

Estas, sin dudas, han sido las más socorridas de las disposiciones normativas en nuestro país, porque mediante ellas se regula un abanico de aspectos que, en muchas ocasiones, deberían estar regulados en normas de mayor jerarquía. Muchas veces estas resoluciones contradicen lo dispuesto en leyes, e incluso contra lo dispuesto en la Constitución. A la vez, en muchas ocasiones, han servido para instrumentar cambios y soluciones a problemas concretos que presenta la sociedad de una forma más ágil. En este caso no existe nada regulado por el Derecho sobre cómo sería el proceso de creación de una resolución[1]; por supuesto que existen normas internas de la administración para la circulación y discusión de las resoluciones propuestas, pero estas tampoco son públicas.

Otra disposición que regula otro aspecto relacionado con la creación del Derecho es el Decreto No. 301 de 12 de octubre de 2012, relativo al “experimento” de una nueva forma de gobierno en las provincias de Artemisa y Mayabeque. Este, en su Disposición Final Quinta, establece que las normas complementarias que se necesiten para la aplicación de este Decreto tienen que ser consultadas con la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. Este hecho incorpora en el proceso de elaboración de Decretos un órgano que no es de gobierno, ni estatal, sino partidista, encargado de la implementación de los Lineamientos del PCC.

Desde la aprobación de los Lineamientos en el VI Congreso del PCC, se ha producido un incremento de la actividad legislativa en nuestro país, con el objetivo de implementar jurídicamente lo dispuesto por estos. El proceso por el que transcurren estos proyectos de disposiciones no es el mismo que los recorridos por otros no relacionados con los Lineamientos. Esta realidad ha generado dos procesos diferentes a lo interno de la administración para alcanzar un mismo resultado.

En la implementación de los Lineamientos se ha intentado que la aprobación de una disposición normativa vaya aparejada a la entrada en vigor de todas las disposiciones normativas complementarias de estas, para evitar el vacío legislativo tan recurrente, y que impedía una exitosa realización del Derecho por la carencia de dichos complementos. Ejemplo de ello lo tenemos en los “paquetes normativos” relacionados con el Código de Trabajo, la inversión extranjera y el proceso inversionista, por solo citar tres ejemplos.

El proceso legislativo de implementación de los Lineamientos nace de una identificación que se hace desde el diagnóstico y la aprobación de la política concreta, y que son trabajados por los Grupos de Trabajo Temporales (GTT). Como regla general, excepto el proceso con el Código del Trabajo, el funcionamiento de estos grupos y las propuestas de nuevas leyes, en sentido amplio, es secreto, pues solo es de conocimiento de los miembros del grupo y de personal específico dentro de los organismos, el gobierno y el PCC. Esto limita incuestionablemente la participación del pueblo en el proceso de creación y diseño de las políticas, ya que los sujetos solo conocen la norma una vez aprobada.

Los procesos legislativos en el mundo son generalmente muy complejos, ya que ellos evidencian las luchas de los diferentes sectores o clases para imponer sus condiciones. En el mundo (y principalmente en América Latina), se ha avanzado mucho en lograr que el proceso de creación de leyes sea cada vez más transparente y mejor organizado. Aquí entendemos la transparencia no solo en el proceso de creación, sino, tan importante como eso, en el proceso de divulgación (para que las disposiciones normativas sean conocidas y por consiguiente respetadas). En Cuba, en momentos de grandes cambios, es imprescindible contar con un proceso legislativo que responda a los intereses del pueblo y que este, como verdadero soberano, sea capaz de seguirlo, impulsarlo y controlarlo.

Desde el punto de vista jurídico existe mucha experiencia, válidamente probada, para diseñar un proceso legislativo garante de los intereses del pueblo; pero lo más difícil es lograr que este funcione. Considero que en Cuba deberíamos contar con una Ley para hacer las leyes, como instrumento esencial para que las leyes aprobadas sean mejores y respondan a los intereses del pueblo.

Si en los primeros años de la Revolución en el poder ésta aprobó más de 1 000 leyes revolucionarias con una exquisita técnica legislativa (cambiaron radicalmente a la sociedad cubana), considero que es posible en estos momentos contar con un proceso legislativo que responda a la urgencia y a la necesidad de los cambios en nuestro país. Para alcanzar esto sería oportuno que la ANPP apruebe una ley que establezca los principios básicos del proceso legislativo.

En dicha ley se podrían regular aspectos tales como:

1. Las disposiciones normativas en nuestro ordenamiento jurídico (leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, etc.), su nivel jerárquico y qué se debe regular en cada una de ellas.

2. Todo lo relacionado con la iniciativa para proponer nuevas disposiciones jurídicas, el proceso de consulta interno en el aparato de gobierno.

3. Los mecanismos de participación pública en el proceso legislativo, desde el mismo momento de inicio e incluso como propuestas para comenzar el proceso. Y, dentro de esto, precisar el rol de las organizaciones de la sociedad civil cubana. La participación en la creación del derecho es un elemento central para lograr posteriormente su plena realización, con la mínima participación de los órganos de coerción del Estado, partiendo del principio de que el mejor Derecho es aquel que se cumple naturalmente sin necesidad de intervención estatal.

4. Los instrumentos para el control de la constitucionalidad y la legalidad de las disposiciones normativas en propuestas y así fortalecer el rol de la ANPP en el control de la constitucionalidad de las leyes.

5. La transparencia de todo el proceso y la utilización de las tecnologías de la información para facilitar su divulgación y la participación en la creación de la norma.

6. La planificación del proceso legislativo, los plazos para las consultas, el cronograma de disposiciones normativas para aprobar, entre otros aspectos de organización.

7. La rendición de cuentas de los responsables de la preparación y ejecución del proceso legislativo y el papel de la administración en el mismo, en el que sin dudas el rol central lo debe asumir el Ministerio de Justicia.

8. Mecanismos para revertir disposiciones normativas que ya no responden a la voluntad del soberano, que es el pueblo.

9. Las bases para la publicación en la Gaceta Oficial de las disposiciones normativas.

Una ley para hacer las leyes en Cuba constituye una necesidad imperiosa, pues atravesamos un momento histórico que debe potenciar la participación efectiva del pueblo en el proceso de toma de decisiones, en la búsqueda de la realización más plena del ideal de que la ley deberá ser el resultado directo de la soberanía popular.

Notas:

[1] En este caso solo se cuenta con la Resolución No. 45 de 6 de marzo de 2002 del Ministerio de Justicia que aprobó la “Metodología para la redacción de proyectos de resoluciones en la actividad de asesoramiento jurídico”

Los servicios públicos en Cuba ante los desafíos del siglo XXI

Por Regino Gayoso Rosabal, Cuba Posible

Caracterizar la dinámica de los servicios públicos cubanos implica vincular varias aristas de una actividad mutante y heterogénea de la administración que no ha sido, entre nosotros, totalmente conceptualizada, clasificada, definida y mucho menos modernizada. La Administración Pública de un Estado –no importa su orientación ideológica o sistema sociopolítico? está comprometida en satisfacer las necesidades de sus ciudadanos.

Cada necesidad es satisfecha con un servicio determinado y cada Estado establece cómo prestarlo. La forma en que se prestan los servicios públicos caracteriza el tipo de Estado y el sistema político. Con independencia de que los servicios públicos se adecuan a las condiciones económicas y sociopolíticas que varían de un país a otro, la naturaleza conceptual es la misma, aunque se presten con mayor o menor grado de eficiencia o modernidad.

En Cuba, producto de las sucesivas aplicaciones de leyes expropiatorias y nacionalizadoras, los grandes bancos, negocios empresariales, inmobiliarios, fabriles, y agrícolas, fueron transferidos al patrimonio estatal. La inmensa mayoría de los pequeños negocios mediante los cuales se prestaban una gran cantidad de servicios a la población, también pasaron al fondo del Estado durante la Ofensiva Revolucionaria de 1968.

Luego, los servicios en Cuba tienen como soporte la propiedad estatal socialista de todo el pueblo, consagrada en el artículo 15 en relación al artículo 17 de la Constitución de la República, la que solo puede ser cedida a particulares bajo determinados presupuestos de utilidad pública o necesidad social.

Ya en fecha tan lejana como en el año 1921, Lenin había advertido, en sus escritos de la Nueva Política Económica (NEP), el error de pasar al fondo del Estado la pequeña propiedad burguesa, que debió ser restituida para paliar el estancamiento de la economía y los servicios, producto del desgaste de varios años de guerra. También un año antes, en 1920, en su Informe al Consejo de Comisarios del Pueblo, hizo referencia a las ventajas del cooperativismo para reactivar la industria, los servicios y la agricultura. Estas medidas vigorizaron la economía y, sobre todo, la producción y los servicios. Es necesario aprender las lecciones positivas de la historia, en ambos sentidos.

Ahora que está  de moda en los escenarios económicos de América Latina debatir sobre el papel del Estado, la Nueva Economía Política aplicada en Rusia entre los años 1921 y 1928 puede ser la idea polar que guíe las conceptualizaciones sobre este tema.

Por ser aquel un período muy convulso, no existen datos económicos muy exactos de los beneficios de la adopción de una política como la NEP, pero sí se sabe que esa estrategia, al desactivar el monopolio del Estado sobre muchas actividades que podían ser emprendidas por particulares, regresó el país a los niveles económicos anteriores a la guerra. El cooperativismo que existía reducidamente fue ampliado a toda la sociedad y los obreros en igualdad de posibilidades que los pequeños propietarios tuvieron acceso a la materialización de pequeños negocios de servicios, en el entendido de que cualquier acumulación de riquezas que provenga del trabajo no puede ser ilegítima.

Se restablecieron nuevos mecanismos económicos como el impuesto. Estos sustituyeron la habitual requisa de productos y, a su vez, permitieron la apropiación legal del excedente, fundamentalmente en la agricultura. Fue de esta manera porque Rusia era, en aquel entonces, un país eminentemente rural. Este impuesto comenzó a tributarse en metálico.

Todo esto tuvo un efecto beneficioso innegable, y le granjeó al poder soviético muchos admiradores. Sin embargo, tuvo muchos detractores, pues estas políticas provocaron una insoportable alza de los precios de las ventas en los servicios y fortalecieron la especulación. No obstante, soy un partidario decidido del cooperativismo, aunque ello implique –ya existe– la aparición  de un sector poblacional más solvente que reúna un patrimonio mayor a partir de su trabajo.

Existen países en América Latina donde el cooperativismo ha demostrado su eficacia en los servicios, por ejemplo: en Argentina los servicios de electricidad, agua potable, gas, telecomunicaciones, algunos servicios de salud, construcción  de viviendas y otros, son proporcionados por casi 2 mil 117 cooperativas que representan una fuerza fundamental en la prestación  de servicios, y otro tanto ocurre en la agricultura.

En mi opinión, uno de los grandes obstáculos para una prestación eficiente de servicios públicos en Cuba es que, a pesar de que se pueden clasificar en servicios esenciales y no esenciales, esta diferencia para la administración cubana es solo formal. Para el Estado cubano, la mayoría de los servicios públicos que se brindan a la población son esenciales, lo que le da un fuerte matiz político al tema.

En la administración cubana ha existido la tendencia a identificar el servicio público como una responsabilidad exclusivamente estatal, lo cual ha engendrado una concentración de esta actividad en manos del Estado, que desea enviar una imagen positiva de preocupación constante por las necesidades del pueblo. Sin embargo, esta concentración del servicio hace ineficiente su prestación y envía el mensaje contrario: una imagen negativa de la gestión del Estado.

En tanto, opino que el papel rector del Estado debe consistir en fijar los parámetros generales de la prestación, la regulación de las condiciones técnicas, económicas y de calidad. Esto no tiene que implicar, necesariamente, la prestación exclusiva por la administración estatal de todos los servicios, sino ocupar un nuevo desempeño en medio de una multiplicidad de vías válidas.

Por otro lado, también ha existido la tendencia a diseñar políticas homogéneas para todos los servicios; cuando en realidad, cada servicio debe tener sus propias características y su propio marco regulatorio. Por ello, resulta imposible mantener un diseño y control universal de los mismos.

En tal sentido, desde que comenzó el proceso de actualización del modelo económico cubano, y aun desde antes, el monopolio estatal sobre los servicios ha ido cediendo paulatinamente. La concesión administrativa se ha convertido en la modalidad más conveniente para mover la prestación de un servicio a manos de concesionarios particulares, sin perjuicio y renuncia de la responsabilidad directa del Estado en dicho servicio.

Estos hechos demuestran que el gobierno del país está convencido de que ese camino es inevitable. Sin embargo, actúa con extrema prudencia debido, en primer término, al riesgo que puede significar perder bruscamente el control de una actividad tan sensible para la población, acostumbrada durante años a la tutela estatal. En segundo término, porque aún en el escenario económico del país no se han creado las condiciones para una desconcentración masiva de servicios, aunque estos sean no esenciales. Del mismo modo, todavía no se han tomado medidas tan importantes como la unificación monetaria y la aparición de los mercados mayoristas, que serían facilitadores importantes de los mecanismos del servicio.

La concesión administrativa resulta una modalidad flexible, lo mismo para concesionarios extranjeros que para trasladar un servicio a manos de entes particulares nacionales o personas jurídicas individuales, que pueden prestarlo en cooperación con el propio Estado. A fin de cuentas, conceder no es privatizar y el Estado sigue manteniendo una responsabilidad y un control directo sobre los servicios que se prestan a través de las palancas económicas, tributarias y crediticias.

Bajo el esquema estatal de la prestación de servicios públicos se garantizaron, en gran medida, la igualdad y el acceso a estos. No obstante, con el tiempo, estas garantías se han deteriorado, pues han fallado la regularidad, la calidad, la continuidad y la progresividad. Esto ha ocurrido, en gran medida, porque nuestros funcionarios administrativos encargados del servicio, durante años, han actuado como dueños privados de la propiedad estatal; es hora de responsabilizarlos por esa actitud, estableciendo las reglas del juego.

Ellos han vulnerado los derechos de los consumidores, y han violado impunemente los parámetros de calidad, sin que sobre ellos se haya ejercido un control efectivo; y lo han hecho, convencidos de que no hay un servicio alternativo: son solo ellos. Se necesita la aprobación y promulgación de una Ley de Protección a los consumidores, que contenga fuertes sanciones para los excesos y la desidia de estos servidores públicos.

En cuanto a esto, debe cobrar relevancia, además, un elemento soslayado o débilmente instrumentado en nuestro país: el control popular de los servicios públicos. Para diseñar una estructura de control popular, los gobiernos y las administraciones deberían estar obligados a desarrollar el funcionamiento de los servicios públicos. En la misma proporción, los ciudadanos, que son los usuarios destinatarios de los mismos, deberían poder asociarse en organizaciones de defensa a los consumidores, que les permitan reclamar de manera organizada desde la institucionalidad y desde fuera de ella.

Se impone, entonces, una revisión de los postulados constitucionales relativos al servicio público y la promulgación de una Ley de la Administración Pública que: 1. Identifique normativamente los servicios públicos esenciales. 2. Regule jurídicamente la eficacia de su funcionamiento. 3. Determine la utilidad pública de cada uno de los servicios. 4. Clasifique legalmente cuáles deben ser considerados esenciales y en régimen de monopolio estatal, estableciendo las garantías de su efectiva prestación y control.

Cuba se abre al mundo y el mundo se está abriendo a Cuba, y ello nos obliga a una nueva reclasificación de los servicios públicos. La reclasificación de los servicios es una necesidad conceptual y práctica de este momento, que nos debe conducir a determinar cuáles serían los servicios básicos, y cuáles de estos deberían permanecer en monopolios estatales y cuáles no; cuáles deberían ser gratuitos o subvencionados; y cuáles deberían ser entregados a concesionarios privados, nacionales o extranjeros.

Está claro que existen servicios básicos directamente vinculados con la vida y las necesidades primarias del ser humano; son los casos del abasto de agua corriente, del suministro de energía eléctrica, del gas, de servicios de transporte, de viviendas, de salud y otros muy esenciales. Asociados a estos, hay otros como los servicios postales, educacionales, comunales, ambientales, de construcción de carreteras, legales, de seguridad ciudadana, cultura y deportes, que si bien no son de primera necesidad, se derivan y están en estrecha relación con los anteriores. Por otra parte, la modernidad y la imparable revolución científico-técnica han elevado a categoría de servicios esenciales otros que antes no lo eran, por ejemplo: el servicio que se origina del uso de las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones.

¿Quién puede imaginar hoy la vida de la sociedad sin una computadora o un teléfono móvil? En Cuba, estos servicios deben sufrir, en los años venideros, profundas transformaciones en su marco regulatorio y en cuanto a la forma en que son prestados. Aparecerán nuevas necesidades, nuevos usuarios y nuevos servicios, demostrando la mutabilidad, la cual constituye el rasgo definitorio de los servicios públicos, que siempre seránnumerus apertus.

“El cubano espera la economía reflejada en su bienestar”.Entrevista a Omar Everleny Pérez Villanueva

Por Mario Vizcaíno Serrat

Emprender un balance de la economía cubana de los últimos años es bastante complejo, incluso arriesgado, sobre todo si el avance no se corresponde con lo previsto y si lo que está pendiente supera en mucho lo estampado en los lineamientos del pasado Congreso del Partido.

Sin embargo, en una demostración de respeto por su oficio y de amor a Cuba, y apoyado en un conocimiento profundo del complicadísimo panorama, el economista Omar Everleny Pérez Villanueva, miembro del Centro de Estudios de la Economía Cubana, lo intenta durante esta conversación con Palabra Nueva.

Lo curioso del diálogo es que Pérez Villanueva  responde, a veces, con preguntas que él mismo se hace, como si reflexionara en voz alta y tratara de entender una realidad económica áspera.

Habla sosegado, sin apasionarse, pero ofrece consejos, convencido de lo que conoce, como haría un consultor, e invita a espantar la rutina y apurar el ritmo. O sea: a “dejar la bobería”, como pudiera decir el alcohólico urbano de Buena Fe.

Después de esta conversación, se entiende aún más que para poner al día el modelo económico se necesita enjundia, coherencia, en la proyección. También ímpetu para no dejar acuerdos en el papel, y buena memoria para no olvidar a los compatriotas, la mayoría deseando hace años una vida próspera, tanto como el lema que ya está oliendo a consigna.

Y se confirma que el bloqueo estadounidense es un obstáculo indiscutible en el desarrollo cubano, y que debieron echarlo abajo hace muchos años, pero también que transformaciones claves van a ritmo de soñolencia, en una estructura de decisiones semejante a un entramado, y marcada por la huella de tantos años de centralización, una centralización también mental.

Comencemos por el tema alimentario, no solo por vital, sino además porque vuelve a desatar alarmas. ¿Por fin es saludable topar los precios?

“Empecemos argumentando que los insumos a los campesinos han aumentado de precio, deben pagar no menos de cien pesos diarios a quien les trabaje, de manera que son costos que se le suman a su producto final. También es verdad que el campesino que siembra no debe vender. Es necesario trasladar esos productos al mercado, y ese es un espacio que ocuparon los actuales intermediarios. ¿Por qué entonces no crear las cooperativas comercializadoras, junto a las cooperativas de segundo grado? Se les venden medios de transporte, les pueden comprar a los campesinos, se convierten en sus representantes y sirven directamente en los mercados. De lo contrario, va a aparecer siempre el intermediario porque es imprescindible una persona que enlace al campesino y al vendedor del agro. También detrás de todo hay un problema de producción. La economía es un proceso que no tolera medidas aisladas. Estaría seguro de que si el Estado, que compra el litro de aceite en el mercado internacional a menos de un dólar, lo vendiera a un dólar (un CUC), bajaría notablemente el precio de la libra de manteca de puerco. Es que normalmente el referente en los mercados son los precios del Estado, esa política de altos precios de los artículos de primera necesidad, lógica en los años noventa, ya no tiene sentido como en aquella etapa, debe acabarse la mentalidad rentista. La bolsa de leche en polvo de un Kg no puede costar seis CUC para los necesitados. Menos aun ahora, cuando la tonelada de leche en polvo registra en el mercado internacional su precio más bajo de los últimos diez años. ¿Por qué no se vende a menos CUC, por ejemplo? El Estado, perfectamente, puede ser un competidor, comprando grandes cantidades de determinado producto y ubicándolo a precios más bajos para obligar a los demás a bajar los suyos, y bajando los precios de los alimentos en divisas y de otros artículos de primera necesidad. Tiene todos los medios para hacerlo. ¿Por qué no se puede arreglar la agricultura? Si hay que subsidiarla, se subsidia. Estados Unidos lo hace, Europa lo hace. Lo que no puede ser es que Cuba importe cada año dos mil millones de dólares en alimentos. Cuba compra arroz, frijoles. Es inadmisible. Hay que incentivar al campesino. ¿Por qué no le pagan en dólares, de esos que van para afuera? Usted le paga en dólares a un productor de frijoles para que compre los insumos y verá cómo produce. Y el Estado se quitaría de encima el transporte: los barcos, el flete y todo lo que hoy tiene que pagar para traer alimentos. Pero la toma de decisiones no puede descansar en la negación del posible enriquecimiento. Creo que si un grupo de campesinos puede tener un elevado nivel de vida y eso significa el bienestar de millones de cubanos, hay que aceptarlo. Y las cosas no pueden resolverse con medidas centralistas. El mundo cambió. Y si lo que hay que ser es socialista, ser socialista es mantener los logros de la revolución: la salud, la educación, la cultura, entre otros. Y sobre el resto de las actividades, no se puede seguir pensando y haciendo como en el pasado”.

¿Pero se pueden topar los precios?

“No creo que se deben topar, ya hemos pasado por eso, y los resultados a la larga no son los esperados, aunque si me salgo de la función de especialista y me convierto en consumidor, está claro que me gustaría pagar menos”.

Vayamos al espinoso asunto de la unidad monetaria. Han pasado dos años desde la fecha anunciada para dejar una sola moneda. ¿Está cerca, demora?

“Déjame aclarar algo: no es lo mismo dualidad monetaria que dualidad cambiaria. Existe una solución a corto plazo, que se hará en cualquier momento, y es dejar una moneda. Ya estamos en el camino a eso porque hay ya precios en las dos monedas en un mismo comercio, lo cual es una señal que está recibiendo la gente de que el peso cubano va a coger valor. Tú llegas a una tienda de comercio en divisas y puedes pagar en pesos. Si ya se emitieron billetes de alta denominación es que hay indicaciones de que en cualquier momento va a quedarse la moneda nacional. La gran dificultad es la moneda extranjera. Quien reciba cien dólares, o cien euros, ¿cuántos pesos recibirá al cambio? ¿1 a 24, 1 a 25? Si es así, el problema no se resuelve porque hay quienes seguirán con esa capacidad adquisitiva mayor fuera del salario. El tema hay que solucionarlo en dos vías: una sola moneda, pero permitir que la tasa de cambio con la moneda extranjera sea diferente, tanto para las personas como para las empresas. Las empresas cambian hoy uno a uno, y las personas 1 a 24, lo que significa que las tasas de cambio están muy distantes. Para que una empresa cubana sea rentable y competitiva debe tener una tasa de cambio más real. ¿Qué es lo que se ha hecho?: pequeñas devaluaciones. En el turismo, la industria azucarera, el transporte de ómnibus ruteros, se permite el cambio 1 a 10. El transporte de ómnibus ruteros, por ejemplo, recibe moneda nacional, pero tiene que comprar gasolina, entonces el cambio que se permite es 1 a 10. En la medida en que baje la tasa de 1 a 24, la gente irá teniendo mayor poder adquisitivo. Si antes recibías con doscientos pesos, digamos, ocho dólares, y ahora recibes catorce, demandarás más productos, y si todo el mundo demanda más productos termina lo que hay hoy, una mayor escasez, porque el tema radica en que la moneda cubana no es divisa, y con el valor de las ventas, no puedes volver al exterior a comprar productos que se han consumido porque, además, el tema productivo no está incentivado lo suficiente: hay café en un lugar, en otro lugar no hay mantequilla, en otro no hay cerveza; porque es un problema de producción o importación. El tema de la pobre importación es por la falta de divisa. Por la falta de los certificados de liquidez de la empresa que importa mantequilla, por ejemplo. El certificado de liquidez (CL) es la tercera moneda, de la que nadie habla, aunque es importante. Una empresa puede tener cualquier cantidad de CUC en bancos, y eso no le permite salir a comprar al extranjero lo que necesite, porque esa moneda no es divisa. Solo se lo permite la cantidad de CL que le aprobó su organismo. Para comprar con dólares en el exterior el Banco Central tiene que contar con esos dólares, ¿a través de qué?: de las exportaciones; o de los pagos de los servicios médicos profesionales; o de los pagos de Venezuela”.

Si, según ustedes, los economistas, seguir postergando la unificación monetaria es seguir permitiendo distorsiones en la economía, ¿por qué no acaban de dejar una moneda?

“Porque si bien es cierto que alargar eso es crear más problemas, también lo es que para hacerlo tiene que haber solidez. Cuba es un país que carece de prestamistas de última instancia. Para entrar en un juego financiero como el que necesita, debe tener en el Banco mucho dinero para todas las distorsiones que se crean. Y quienes le prestan dinero, es especialmente para comerciar. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional. ¿Cómo se resuelve eso? Con reservas. Incrementar las reservas. Cuba ha mejorado su situación financiera externa, pero eso significa mayores pagos sin contrapartida. Dicho de otra manera: desde 1986 Cuba no le pagaba al Club de París, que ahora le condonó el 80 % de la deuda, pero sí tiene que pagar el 20 %. Ahora, en el 2016, tiene que pagar unos cuantos millones que nunca había pagado, que es la parte que le queda de esas condonaciones. Y eso pasa con Rusia, China, México, Japón. A lo mejor el país tendrá que pagar anualmente en concepto de deudas unos mil millones anuales. Tiene que ir viviendo con sus recursos. A pesar de que el turismo ha crecido, la eficiencia en ese sector no es la suficiente. Por cada dólar de ingreso tienes que comprar importaciones a niveles elevados porque es el círculo vicioso: si no se produce suficiente mantequilla en el país, el hotel tiene que comprarla con el dinero que le entró. Si la economía nacional no es productiva, el dinero sigue saliendo hacia el exterior. Si no hay aviones, hay que transportar a los turistas en aviones extranjeros y ahí se queda el pasaje. Si no hay turoperadores y el país no está en los niveles de reserva internacional, también se pierde dinero. De los cien dólares que podría costar una habitación en el Hotel Nacional, para poner un ejemplo hipotético, la parte extranjera a lo mejor pagó casi la mitad, porque los turoperadores compran las habitaciones baratas. Ellos se comprometen a mantenerlas llenas pero tienen que cogerlas baratas. La Habana está colapsada, no hay habitaciones de hoteles para la avalancha que se ha producido de turistas. Pero a lo mejor en los cayos hay capacidades disponibles. Hay que desarrollar el turismo de ciudad, al igual que el de sol y playa. Y ahora hay que pensar qué hacer. En el 2015 hubo 76 % más de turismo estadounidense, en relación con el 2014”.

Y ahora, en mayo, se esperan al menos dos cruceros grandes, mensuales o quincenales.

“Y esos turistas van a consumir. Van a tomar agua, van a tomar cervezas. Hay que aumentar la producción. Más que como un tema financiero, veo esto como un asunto productivo. Cuba tiene que acabar de dejar a un lado los obstáculos que han frenado el desarrollo de las fuerzas productivas. Tiene que haber una planificación que no las frene. Crear más pequeñas y medianas empresas. Y dar oportunidad a las cooperativas de que importen y exporten. Cuando produzcan bienes y servicios es cuando el país tendrá un crecimiento sostenido. Haber crecido al 4 % en 2015 es importante, pero si bajamos al 2 % este año, retrocedemos. E incluso hay que analizar la estructura del crecimiento del 4 %: dónde fue. La población no sintió ese crecimiento en los indicadores que le son más comprensibles”.

¿Qué ocurre con el proceso de las cooperativas no agropecuarias, que parece detenido?

“Avanza muy lentamente. El quinto grupo, que todo el mundo espera, lleva más de un año sin aprobarse. Se aprobaron cuatro grupos iniciales, entre los que suman 498 cooperativas, aunque hay solo cerca de 350 funcionando. Hay muchas que han presentado sus propuestas, pero requieren de un nivel de aprobación demasiado alto. En cuanto a las aprobadas, hay muchas insatisfacciones sobre la falta de insumos. Una cooperativa de construcción aprobada y funcionando necesita madera, medios de transportación, andamios, etc., porque una cooperativa es algo más acabado, más sólido, con un grupo de empleados significativos, trabajando en edificios altos, reparando… Otro de los problemas es su dificultad para importar. Aunque la resolución lo permite, solamente han importado las que tienen que ver con las aves exóticas, que pueden importar pienso. Todavía hay muchos tropiezos en la marcha de las cooperativas. Las más avanzadas tienen que ver con los mercados agropecuarios.
”Tengo mis opiniones: no necesariamente una empresa que no funcionó de forma estatal puede hacerlo de forma cooperativa. A lo mejor sí en algunos casos, pero no en la mayoría. Creo que no puede haber una cooperativa sin cooperativistas, es decir, sin el sentimiento de cooperación entre ellos. El cooperativismo es un sentimiento que se va creando poco a poco. La historia de las cooperativas es la de empresas que han trabajado de forma individual durante años y luego se han unido, con experiencia en dirigir negocios. Nosotros, en Cuba, hemos pensado que pasar de formas estatales a cooperativas es una patente para que avance la fórmula por sí misma”.

¿Significa eso que integrar una cooperativa supone conocer su funcionamiento y tener una vocación para esa forma de propiedad?

“Efectivamente. A veces se le llama cooperativa a un grupo de trabajadores donde el socio principal es quien busca los recursos, paga un salario a los obreros, sin claridad en la distribución. No todas funcionan correctamente”.

¿Y cómo se logra que funcionen bien?

“Tiene que existir una ley de cooperativas que explique su estructura y funcionamiento. Y una cooperativa es una empresa jurídica, que tendría todas las facilidades que tienen las empresas jurídicas. En Cuba, a veces damos nombres a las cosas para compararlas con las del resto del mundo, y nos confundimos”.

¿Es cierto que los trabajadores por cuenta propia, como se les llama, disminuyeron en el segundo semestre del año pasado?

“Sí. Aunque nos alerta, no es una gran preocupación. Se calculó que a finales del año pasado habría unos 510 000 trabajadores por cuenta propia y hay unos 496 000. Puede pasar que la suma y la resta estén a favor de quienes se han ido, pero a lo mejor se han incorporado 30 000 más. Y tal vez han salido 45 000 y el saldo son 15 000 menos. Habría que hacer un análisis de las áreas de donde salen y se incorporan los trabajadores. Lo que se observa en La Habana es que los negocios en la gastronomía crecen, especialmente los trabajadores contratados. Es que al mezclarse tantas cosas diferentes y a todas llamarlas trabajo por cuenta propia, el análisis no es muy certero. El dueño de un restaurante está entre los 496 000 trabajadores por cuenta propia, pero también lo está el trabajador asalariado de esa misma Paladar. No es lo mismo una Paladar que posee cuarenta trabajadores, que un pequeño quiosco con cuatro trabajadores y poca oferta. No es fácil hacer un análisis por los números, hay que esperar por las tendencias”.

¿Qué va a pasar en los próximos meses?

“El Estado lleva muchos años sin abrir nuevos oficios para ejercer por cuenta propia. Hay 201 actividades aprobadas desde hace unos tres años, pero hay otras muchas que debían incorporarse, varias de ellas sin necesidad de ser diseñadas. Es preferible una lista con las que el Estado no quiere aún aprobar, y dejar las demás a la iniciativa popular. A lo mejor aparece una mezcla de soldador con vendedor, no sé. Pero estar definiendo los oficios que se quieren y los que no se quieren no me parece en estos momentos muy lógico. Al principio sí, porque se trataba de manualidades, servicios. ¿Pero por qué no permitir una consultoría de abogados, una oficina de arquitectos? Ha llegado el momento de pensar en qué más se puede abrir. De otro lado, hay que llamar a las cosas por su nombre, darles el tratamiento que llevan y exigirles por lo que son. Por ejemplo, una Paladar no tiene que ser un trabajo por cuenta propia: es una microempresa. No es lógico que una Paladar pague el teléfono como lo paga una familia, o el agua. Pasados seis años del decreto ley que permitía el trabajo por cuenta propia, hay que hacer otras cosas. Hay que dar una mirada más profunda a los impuestos que se pagan en una provincia, que no tienen que ser los que se pagan en La Habana. Si hay que quitar impuestos en una zona para que determinada actividad se recupere, ¿por qué no hacerlo? Hay que focalizar los problemas”.

Si aceptaran considerar microempresa a una Paladar, esta adquiriría otros deberes, pero también tendría otros derechos. ¿Cómo sería?

“Tendrían, por ejemplo, el deber de contribuir con más impuestos, pero el derecho de acceder a mercados mayoristas. ¿Por qué no puede una Paladar comprar la cerveza donde lo hace una empresa estatal? Algo que es válido también para la propiedad cooperativa. De todos modos, están accediendo a recursos y están afectando a la población, la más perjudicada por todos lados: salarios bajos y en moneda nacional; para convertirlos en CUC tiene que pagar 25 pesos por un CUC, y con ese CUC tiene que pagar el 240 % o el 300 % de impuesto sobre el producto que va a comprar. Ese salario, ¿qué poder adquisitivo tiene? Y a eso se le va a sumar la escasez. A pesar de la carestía de los productos, no puedes comprarlos cuando quieres, porque la oferta es reducida o es acaparada por esos mismos trabajadores privados. Es que los negocios se están llevando los insumos. Siempre sufre la población. Hay que estudiar mejor el asunto de los mercados mayoristas, y si hay que hacerlos con recursos externos es preferible a que haya una escasez como la que padecemos hoy”.

O sea, ¿importar los productos para abastecer a los mercados mayoristas?

“O permitir que almacenes de compañías extranjeras establezcan oficinas en Cuba o participen en el mercado mayorista. Es incomprensible que el Estado no ofrezca mercados mayoristas ni permita que otros los faciliten. Y sé que hay que experimentar, entiendo el paso a paso, pero ya el paso a paso puede ser más rápido, puede tener otra velocidad. El Congreso del Partido fue en el 2011, y después de 5 años, muchas cosas han quedado pendientes y como consecuencia, la gente que gana poco no ha visto buenos resultados en estos cinco años, aunque ha recibido subsidios, créditos, entre otros elementos. Ya pasó la época en que se entregaban los electrodomésticos, y aunque se han dado beneficios, aún son insuficientes para la demanda. Vendes gas liberado, pero los precios todavía no son alcanzables para el salario de un jubilado, aunque es una decisión muy correcta para aquellos que sí pueden pagarlo”.

¿Cuba está en condiciones de poner mercados mayoristas de todo, es ganancia para la economía?

“Es ganancia para la economía al final. Si se ha definido el modelo, que incluye las dos formas de propiedad, no se puede enfrentar una con la otra. Si has dicho que el sector no estatal será un componente del desarrollo del país tienes que ser consecuente con eso. Lo que no puede suceder es que un restaurante estatal reciba la cerveza a menor precio que el particular. En la competencia, ese particular está amarrado y obligado a venderla a altos precios. Es una dificultad muy grande. Y desde el punto de vista del control y la fiscalidad, el mercado mayorista le permite al Estado un control de las compras, de modo que puede exigirle a la empresa a través de impuestos porque domina su nivel de operaciones. Si las compras son minoristas, y no tienes vales, se propicia una declaración de impuestos no real. El mercado mayorista, si lo haces bien, clarifica el movimiento económico del país. A lo mejor recibes más impuestos y haces las transacciones por los instrumentos de pago que existen en el resto del mundo, por ejemplo, tarjeta bancaria, cheque. En el mercado mayorista no hay efectivo”.

Según su colega Juan Triana, la actual ley de inversión extranjera es mejor que la anterior, pero aun por debajo de las de países de la región.

“La 77 era una buena ley, pero la 118 es mejor. El lado malo es la demora para la aprobación de los negocios. La ley es muy atractiva para los inversionistas, sobre todo después del inicio de relaciones con Estados Unidos. Antes era difícil para cualquier empresa transnacional que quisiera invertir en Cuba. Hemos visto mucho interés en llegar a la Isla. Es incomprensible creer que de 400 proyectos presentados en el Mariel solo hayan aprobado once, tres de ellos nacionales. Y se trata de proyectos pequeños. Univeler, la empresa holandesa de productos cosméticos, invertirá solo treinta y cinco millones. Entonces, ¿cuándo llegaremos a los 2 500 millones por año que Cuba necesita en inversión extranjera directa? Y sin inversión, este país no avanzaría a los ritmos que necesita. Inversión extranjera y producción nacional. Una empresa aprobada en el 2016 empezará a dar frutos en el 2018. Imagínate las que no están aprobadas. A ese ritmo, ¿cuándo Cuba recibirá los montos necesarios para que impacten en la vida nacional? En el próximo Congreso del Partido deben tomarse medidas importantes”.

Y si todo el mundo parece estar de acuerdo en lo que Cuba necesita para prosperar, ¿por qué este ritmo?

“Hay muchos factores, pero uno es que muchas empresas, instituciones, organismos, ministerios, a nivel de Organizaciones Superiores de Dirección Económica (OSDE) no están preparados. A veces, desde niveles altos de dirección se quiere recuperar una actividad pero en los niveles más bajos, en ocasiones, ni saben lo que significa, por ejemplo, la asociación con una empresa extranjera, porque la reciben desde arriba. Hay muchas cosas que se hacen de forma centralizada y el grupo negociador que tiene que lidiar con el extranjero no desempeña su papel. Hay que capacitar a grupos negociadores. Hay que contar también los diferentes niveles que siguen existiendo en Cuba. El grupo negociador a nivel de empresa puede lograr un acuerdo beneficioso para la entidad, pero tiene que pasar por otros niveles casi hasta el infinito y termina en la respuesta que ofrezca el último nivel.
”La Feria Internacional de La Habana fue en noviembre pasado y dos meses después aprueban una empresa. A ese ritmo de una empresa cada dos meses serán cinco por año. Quizás seis, siete, por año. Eso hay que acelerarlo. Cuba también puede estar esperando qué pasa con Estados Unidos; qué pasará en las elecciones de ese país. Hay un punto muerto. Pero yo creo que hay que acabar de aceptar con mayor celeridad los negocios que vienen. El tiempo es una variable que en Cuba se agota. Más de la mitad de la población de este país nació después de la Revolución y un gran grupo de personas nació después de 1990 y por tanto lleva más de veinticinco años de período especial. Esas personas dan por sentados algunos hechos: salud y educación, algo que fue muy, muy, muy interesante al triunfo de la Revolución, porque la mayoría no los tenía garantizados; pero quienes nacieron con esos servicios no pueden entender que no les tocarían. Quieren y tienen que ver en sus vidas otros cambios. El mundo ha sido y es muy dinámico y nosotros no podemos vivir con esta lentitud”.

¿Será incentivada este año la inversión extranjera?

“Yo creo que sí. Al menos las opiniones que estoy conociendo me indican que sí”.

Vamos hacia la agencia empleadora. ¿Es un freno para la inversión extranjera?

“Se hizo una encuesta entre los consejeros económicos de países europeos que son nuestros principales inversionistas y la pregunta que no faltaba era: ¿por qué no quitan la agencia empleadora? Aunque yo estoy en contra de la agencia, voy a defenderla un poquito. Al menos en Mariel, el obrero de allí ganará doce veces lo que gana en otros lugares. El asunto se complica cuando la parte extranjera pague en moneda dura y los trabajadores cubanos cobren en moneda nacional, a una tasa de 1 a 10. Aun así, no ganarían menos de 7 000 u 8 000 pesos mensuales. Para el actual salario promedio de 563 pesos, esa es una cifra bastante elevada. No creo que el impedimento principal para la inversión extranjera sea la agencia empleadora. Es una inconformidad que tienen los inversionistas, pero saben que el obrero cubano trabaja. Hay empresas extranjeras fuera de Mariel que pagan poco, pero tienen otros incentivos, como ambiente de trabajo, transporte, estímulos variados, y los cubanos de esas empresas prefieren trabajar allí porque cuál es la alternativa: una empresa estatal sin esos incentivos. Aun con obstáculos, sigue siendo muy atractivo trabajar para una empresa mixta con presencia extranjera o un hotel con contrato de administración. La parte extranjera aduce que le gustaría estimular directamente a los trabajadores para que sean más productivos. Y eso es cierto”.

¿Y para qué es la agencia empleadora?

“Se supone que para proteger al trabajador cubano, a quien pueda ofrecerle empleo, seguridad social, en caso de que la empresa extranjera lo despida. En el inicio del proceso de inversión extranjera, la agencia empleadora tenía su utilidad, pero ahora no se justifica. El Estado puede recibir dinero vía contratación indirecta, a través de los impuestos. Permitir que el trabajador reciba los mil dólares que le podría pagar la empresa extranjera y cobrarle un impuesto determinado. Y no hay necesidad de una agencia empleadora. Y el trabajador puede comprarse su seguro para el trabajo mediante una agencia de seguros. Pueden ir creándose los mecanismos de la forma en que funciona el mundo. Cuba tiene que llegar a ser un país con más normalidad”.

¿Y los inversionistas no aducen como gran obstáculo no poder contratar directamente a sus trabajadores y aceptar los que les coloca la agencia empleadora?

“En el pasado, el inversionista pedía un ingeniero eléctrico y se lo enviaban. Si lo pide ahora, la agencia empleadora debe entregar un listado con los nombres y currículos de todos los ingenieros eléctricos disponibles para que la empresa extranjera seleccione el que desee. Entonces la que decide, en última instancia, es la empresa extranjera”.

¿Los impuestos deben traducirse en mejoras para los municipios y provincias?

“A veces hay la percepción de que los impuestos de las personas naturales ayudan mucho al presupuesto. Hasta el 2015, los impuestos de los trabajadores no estatales aportaban solo el 4 % del presupuesto nacional. En el 2016 puede llegar a sobrepasar el 8 %. El 96 % lo aportan las empresas estatales, sus utilidades, etc. Por mucho que aporten las cafeterías, restaurantes, entre otros, no pueden pagar salarios de maestros, médicos, entrenadores deportivos, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, es decir el sector presupuestado. Es el gran problema de Cuba: la mayor parte del empleo cubano está en unidades presupuestadas. El 67 % del empleo está en actividades sociales, que no generan bienes, y son personas que consumen. De los alrededor de 500 000 trabajadores por cuenta propia de que hablamos ahorita, muy pocos pagan impuestos altos. Porque alguien que tenga una mesetica, como es común en el resto del país –voy a recordar que Cuba no es La Habana– que vende un refresco ahora, otro media hora después y algún que otro dulce, no tiene un gran negocio. Eso no es un negocio. No estamos hablando de Paladares de éxito de La Habana y de otras regiones del país. Cuba está aún en actividades de poco valor. No impactan mucho. Lo que impacta es la gente que fuma y bebe alcohol. Entre las principales fuentes de ingresos al presupuesto siguen estando los impuestos de circulación a cigarros y bebidas alcohólicas. Hay que abrir más negocios productivos. Nuestro país gasta el 50 % de su presupuesto en educación y salud. Ve a una provincia o municipio fuera de La Habana y pregunta cuántas actividades productivas hay, con respecto a las presupuestadas. ¿La actividad productiva de ese municipio paga los salarios de todas esas instituciones? La única ciudad y a la vez provincia superavitaria del país es La Habana. El resto de las provincias son deficitarias.
”Hay muchos municipios que ya se apropian de impuestos locales, pero aún hay obstáculos para ejecutar debido a que a veces no aparecen en plan, o por los pobres insumos y las importaciones. Están mejor que antes, pero no han resuelto el problema. Un gobierno municipal todavía no tiene la fuerza necesaria para gastar el dinero en el municipio. Tiene que planificarlo, y todo es un tormento”.

¿Es cierto que hay un rechazo de los trabajadores de la gastronomía estatal a pasar a formas cooperativas de propiedad?

“No lo creo. Muchas de esas empresas que dicen llamarse estatales son cooperativas. Se mantienen porque los propios trabajadores compran sus insumos, manteles, servilletas y otras cosas. ¿Y por qué lo hacen? Porque seguramente están beneficiados de los insumos que les da el Estado. Lo que pasa es que no hay experiencia en el mundo de que el Estado sea el encargado de las cafeterías y restaurantes. No debe existir un país con restaurantes estatales. El modelo nuestro es único, el Estado les da los insumos a bajísimos precios y luego van a parar muchas veces a las cafeterías y restaurantes privados porque les da más resultado. Por eso siempre hay faltantes en las empresas de comercio y gastronomía, al menos de La Habana. El Estado debió quitarse eso de encima hace muchos años. No significa que toda la gastronomía estatal sea mala. Usted va al Carmelo, a La Roca, y funcionan como cooperativas, pero los que sirven se relacionan directamente con los beneficios”.

La relación con Estados Unidos. ¿Cómo debe aprovecharla Cuba?

“Entiendo la decisión cubana de ir con lentitud en las relaciones con Estados Unidos. Pero eso no significa que actúe como si estuviera paralizada. Estados Unidos ha hecho algunos cambios. Cosméticos, pero los ha hecho: uno es comprarle al trabajador privado. Pero el Estado no le permite al trabajador exportar. Varias compañías de ferry y cruceros estadounidenses han sido aprobadas para operar en Cuba y Cuba no ha respondido, o ha sido lento en responder. Los dos países han firmado acuerdos muy útiles, sobre medio ambiente, drogas, aviación civil, correo directo, etc., pero en el tema económico, yo sería más reactivo, y aprobaría las empresas norteamericanas que nos convengan en El Mariel y vería cuál es la respuesta del gobierno norteamericano”.

¿No aprobaron una de tractores?

“Sí, pero es una empresa pequeña. Cuba debería aprobar todas las que vengan interesadas en El Mariel. Y el problema entonces quedaría del lado de allá. Y de esa forma se irían aprovechando los espacios del mejor modo posible. Porque las inversiones, en la práctica, están viniendo a Cuba, pero por vía personal. Mucho del equipamiento de esos paladares, cafeterías, negocios de informática, talleres de reparación de computadoras, viene de Estados Unidos, son préstamos de allí”.

Pero mediante las familias, ¿no?

“Sí, pero llegan y están dando servicio y nadie puede negar que se están remitiendo al exterior. Y en esos negocios puedes pagar en divisas y a lo mejor viene un turista y le cambian los dólares, que luego no llegan al Estado. Entonces, el Estado tiene que cambiar y no puede seguir propiciando que la gente vaya a comprar a Panamá, a Estados Unidos, a Ecuador. Ha puesto miles de restricciones pero sigue sucediendo. Porque los impuestos del Estado son tan altos, que cualquier cosa que se traiga de otro país da negocio. Insisto una vez más: hay que trabajar en modificar los altos impuestos que tienen los productos, desde el 240 %, el 300 %. Hay que ser más competitivo”.

¿Tiene usted idea de cómo será el futuro inmediato?

“Este año y el próximo deben ser trascendentales. Estados Unidos puede hacer más cosas, pero nosotros podemos utilizar mejor algunas oportunidades. Eso me parece cuando leo que Google se ofreció a poner Internet. O al menos no hay la información que necesita este pueblo para saber por dónde van las cosas. Hay algunas que hay que mantener en perfil bajo, pero otras que la gente tiene que conocer, al menos para tener tranquilidad. Pero si no se nos dice nada y vemos entonces el tomate a 20 pesos la libra y la malanga a 15, se crea la incertidumbre. Una libra de tomates no puede valer lo que gana un obrero en un día de trabajo. No puedo llegar a mi casa con cinco tomates y decirle a mi familia: este es mi salario de un dia. Ese país no avanza”.

¿Qué le parece el tratamiento de nuestra prensa del tema económico?

“Es muy deficiente todavía. Sin embargo, es mucho mejor que el de hace cinco años. Ya la prensa toca temas profundos. Pero los mejores trabajos no los veo en la prensa oficial. Son de periodistas que trabajan en la prensa oficial y los publican en otros medios. En OnCuba, Palabra Nueva, Cuba Contemporánea, etc. ¿Por qué tiene que ser así? La Televisión ha avanzado algo, pero en pocas personas, por ejemplo, los programas en los que participa Thalía. Sus trabajos son interesantes, golpean la médula. Pero la prensa, en general, se queda ahí. Por eso la gente, al referirse a la Asamblea Nacional, cree que el año que viene va a ser lo mismo. La prensa cubana tiene que ponerse a tono con los tiempos que estamos viviendo, que no son los de hace unos años. Muchas de las noticias nos llegan por corresponsales extranjeros que radican en Cuba, por los blogs, publicaciones extranjeras, cuyos contenidos generalmente son positivos hacia Cuba, aunque en ocasiones muy críticos”.

¿Cómo define la economía cubana?

“Es muy difícil definirla. Sigue siendo la asignatura pendiente del país. Se ha sostenido en una gran parte con recursos externos, es muy cambiante, con elevada centralización, y cuando aparecen recursos externos de forma masiva hay una recentralización. En la medida que se descentraliza, la economía crece más. Tuve la oportunidad de realizar un trabajo sobre la economía cubana en los últimos cincuenta años, analizada por cada etapa, y así es realmente. La economía es el pollo del arroz con pollo de este país. Las mayores insatisfacciones de Cuba terminan en ella. Cada vez que un cubano se va de la Isla, habla de la economía. Cuando llega a su destino casi siempre habla en términos económicos. Pero en Cuba siempre ha tenido un sesgo muy político, en muy pocos períodos se ha podido hacer economía. Sé perfectamente que toda medida económica tiene alcance político, afecta a unos y a otros no, pero hemos sido abanderados en eso. Cualquier decisión económica va antecedida por una pregunta: ¿y qué pasará? Y uno de los errores que hubo aquí durante mucho tiempo fue la fobia al mercado, visto siempre como capitalismo, y son dos cosas diferentes. En el feudalismo hubo mercado. Y si hay un ejemplo que ha demostrado el laboratorio que nosotros anhelamos es Vietnam: un país con un Partido único, donde el Comité Central se reúne, el Congreso de su Partido es crítico, hay renovación de cuadros, pero con una economía que es ejemplo en Asia. Vietnam exporta hasta automóviles. Algo inconcebible hace algunos años: le está comprando armamento a Estados Unidos. ¿Quién iba a pensar eso? Estados Unidos le vende armamento por primera vez a un país comunista. Los vietnamitas han sido pragmáticos. Y nadie puede decir que no tienen control del país. Hay un Estado fuerte, que ha dejado, en el área económica, que las fuerzas del mercado avancen. Y también invierten en salud y educación. Tienen programas sociales sólidos. Y no abandonan las ideas socialistas. Para ellos sigue siendo importante el Congreso del Partido”.

¿Y el pueblo es próspero?

“La prosperidad es diaria. Vietnam es uno de los principales exportadores de productos agrícolas del mundo. Y un gran productor de café, cacao, pimienta, té. Y es un país que fue arrasado, que recibió más bombas que todas las de la Segunda Guerra Mundial”.

¿Se atreve a calcular para cuándo los cubanos podremos ser prósperos, vivir de nuestro trabajo?

“En no menos de cinco años. Nosotros tendremos un proceso extraordinario en estos dos próximos años, hasta se plantea un cambio en la presidencia del país. En este período habrá un nuevo Congreso del Partido, que debe analizar la conceptualización del modelo cubano. Hay que esperar a ver qué contiene ese modelo. Y veremos la estrategia hasta el 2030, que será aprobada también durante el Congreso. Se ha planteado que habrá una nueva ley electoral, se supone que los parlamentarios sean entonces profesionales, con una sede fija, menos de los que son hoy, que no sean juez y parte, porque tú no debes ser ministro y diputado. Hay además planteado que se trabaja en una nueva Constitución que se está estudiando, porque muchas de las cosas que se están aplicando se contradicen en la Constitución actual.

”Raúl ha demostrado cosas. En los últimos siete años autorizó muchas cosas que estaban prohibidas, tiene el mérito de haber normalizado las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e iniciado el proceso de normalización total. Eso demuestra que es pragmático. Entonces, vamos a esperar qué sucede en estos dos años, cuando él vea que, a pesar de todo lo que se ha hecho, aún es insuficiente la producción nacional, y el cubano espera la macroeconomía reflejada en su bienestar individual”.