¿Qué es una reforma constitucional? ¿Qué implicaciones prácticas conlleva la realización de una? ¿Qué alcance tendría en el caso cubano? Estas y otras preguntas similares fueron realizadas el pasado 29 de junio a un grupo de panelistas reunidos en el espacio Último Jueves de la revista Temas en el Centro Cultural Fresa y Chocolate.
Juan Valdés Paz, politólogo, moderó la discusión que durante dos horas se desarrolló entre el panel compuesto por el jurista cubano Julio César Guanche, el cantautor –y también abogado– Israel Rojas, y el periodista Jorge Gómez Barata, y un nutrido público que con una cifra de algo más de 130 participantes, intercambió sus inquietudes y opiniones en torno a los cambios y permanencias que puede y debe experimentar la Constitución cubana.
La primera ronda de preguntas dio inicio a la exposición de Julio César Guanche, quien explicó que solo la Asamblea Nacional del Poder Popular puede hacer la reforma, y que dentro de los pasos establecidos legalmente para poder llevarla a cabo, como ocurrió para la del año 1992, se encuentra la aprobación previa de un Ley de Reforma Electoral –como la de 1990– que paute y rija el proceso de cambios, algo que no ha sucedido hasta ahora en este nuevo contexto en el que se anuncia una nueva reforma constitucional.
Para Jorge Gómez Barata, ningún cambio que ataña a la Constitución puede estar atado a tecnicismos, pues se trata de una institución política. Comentó que la Constitución no son las Sagradas Escrituras, y recordó a los asistentes que las normas jurídicas están sujetas a circunstancias históricas concretas, y la complejidad del momento que vive la sociedad cubana no puede ser obviada a la hora de pensar, proponer e introducir algún cambio en la Constitución. Así ocurrió al crearla, en 1976, cuando hubo que hacer una ajustada a la realidad del contexto creado por la Revolución, que representó un cambio radical respecto al pensamiento constitucional hasta entonces existente en el país.
Foto: Randdy Fundora / Temas.
Israel Rojas se mostró de acuerdo con lo expuesto por Guanche, pero apuntó que aunque técnicamente el proceso de reforma constitucional no haya comenzado, en la práctica ese debate ya empezó con las amplias discusiones populares desarrolladas a lo largo del país sobre los documentos de la conceptualización del modelo socialista cubano, que representan un avance de lo que más adelante normará y plasmará la reforma constitucional.
La segunda pregunta del moderador se centró en qué reformas constitucionales deben responder a los cambios planteados en el discurso y las propuestas políticas de la Actualización del modelo. Guanche se refirió a la descentralización, que forma parte de la aplicación de la Actualización en Mayabeque y Artemisa, en lo referente a la separación de la administración y el Estado a nivel municipal. Si las próximas elecciones se rigen por lo aprobado en 1992, habrá que esperar al cambio constitucional para que sea posible una nueva Ley Electoral. En su formulación, este mecanismo electoral no toma en cuenta, por ejemplo, la nueva Ley migratoria aprobada en enero de 2013.
Gómez Barata insistió en que la Constitución es un instrumento y un resultado de la cultura política, y que esta debe regular las funciones del Estado del modo más general posible. Además, comentó que algo tiene que distinguir al ejecutivo del legislativo, porque como está en estos momentos no es funcional.
Israel Rojas, por su parte, dijo al público asistente que este nuevo proceso de reforma constitucional habría que verlo como una gran oportunidad para ser más inclusivos, ya que en el pasado hubo sectores de la sociedad no participantes, y que ahora deberían serlo.
Los dos últimos panelistas coincidieron en que los cambios en la sociedad y la problemática cubana son tales que requerirían refundar el orden constitucional, y considerar la alternativa de una asamblea constituyente.
Antes de darle la palabra al público, Rafael Hernández, director de Temas, presentó los resultados de un cuestionario aplicado por el equipo editorial entre los asistentes, así como en la página de Último Jueves en Facebook, que formulaba la misma segunda pregunta: ¿cuáles de los temas políticos suscitados por los debates sobre la Actualización debían considerarse necesariamente para una reforma constitucional?
Entre los temas más votados estuvieron:
El derecho a la información.
La nueva ley electoral.
La descentralización de la toma de decisiones.
La participación ciudadana.
Papel y estatus de los medios de comunicación.
Entre los menos votados estuvieron:
Las regulaciones migratorias.
La ciudadanía.
El límite de edad para ejercer cargos públicos.
El sistema de educación.
El sistema de salud.
Un participante del público argumentó que era necesario debatir más profundamente el contenido político de la Constitución, ya que en el actual contexto se refuerzan concepciones liberales preexistentes, o se introducen como nuevas en el debate. Otros comentaron que aunque la Constitución es cosa de todos, y no solo de los juristas, se requiere un mayor rigor en el conocimiento del orden constitucional y político. Y que los cubanos tenemos una cultura política donde la práctica va imponiendo lo que luego constitucionalizamos. Otro asistente planteó que la alternativa reforma vs. asamblea constituyente soslayaba la cuestión principal: la de la representación y la participación ciudadana lo más amplia y activa posibles en el debate del documento.
Luego de varias intervenciones de los asistentes se dio paso a la tercera pregunta, sobre cuáles antecedentes cubanos y latinoamericanos deberían alimentar esta próxima reforma. A partir de esta ronda de respuestas de los panelistas, se abrió de nuevo al público, que abundó en los tópicos políticos de la reforma, los asuntos que no deberían soslayarse, el contenido y estilo profundamente democráticos que deberían caracterizarla, y la necesidad de que los cambios constitucionales y legislativos no se queden en la letra, sino que impongan un orden vinculante.
Una versión mucho más amplia y detallada de los asuntos discutidos en esta sesión se publicará en la reseña habitual que difunde el portal web de la revista Temas en su canal de Último Jueves.
Todos los hombres sin excepción deberían unirse en el propósito de proteger el género humano de su posible extinción, y por ello es indispensable el apoyo a la juridicidad. Para esto tenemos la consigna martiana de ser radicales y armoniosos
Por ARMANDO HART DÁVALOS
Hay una cuestión esencialmente de cultura que en Cuba se particulariza por su historia: la cultura cubana tiene un fundamento popular y de derecho. Incluso, me he percatado de algo más: la tradición cultural jurídica cubana, y aun ciertos principios que pudiéramos llamar filosóficos, de derecho, en la historia de Cuba se orientaron siempre hacia la defensa de los pobres, de los desamparados. Ha sido así orgánicamente desde los tiempos de Varela, de Céspedes y de Agramonte, de José Martí y de Fidel Castro.
En la Guerra del 68, cuando se constituyó nuestra primera República con su Gobierno en armas, desde los decretos de la abolición de la esclavitud, toda la mejor historia del derecho se hallan inclinados hacia la defensa de los intereses populares.
En Cuba ha existido una sensibilidad jurídica muy grande… He estudiado aquellas discusiones de la Asamblea de Guáimaro, aquellas discusiones entre Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte. Discrepancias memorables. Ambos próceres eran abogados, letrados, personas de profesión jurídica, y tenían opiniones diversas.
Céspedes pensaba que, desde el punto de vista práctico, la República no debía constituirse con un Gobierno institucional en medio de la guerra. Agramonte oponía sus puntos de vista, pero ambos se apoyaban sobre las bases jurídicas. Y uno de los más grandes valores de Céspedes fue el de acatar las decisiones de aquel Parlamento mambí. Solamente personas de esa grandeza y sensibilidad jurídica son capaces de respetar principios tales. Si ambos no hubieran poseído una formación política y una sensibilidad jurídica qué más les hubiera dado desestimar la decisión de un Parlamento en armas que lo componían poco más de diez hombres. Y esas son las conductas que crean las bases del respeto en una nación.
Se demostró que ese tipo de República no era viable –Martí hizo un examen de todo esto-. Pero era la República a la que ellos aspiraban y Céspedes tenía conciencia de que si actuaba de otro modo dividiría a los cubanos. Su conducta puede verse hasta como una cuestión de praxis. Una conducta ética lleva al respeto de una decisión jurídica, aun cuando no sea funcional, hasta que se demuestre su inoperancia.
Hacer lo contrario podría traer reacciones funestas en el orden del respeto social y las normas sociales. Y lo ejemplificó con su conducta. Páginas sagradas de la historia son las discrepancias de Maceo, Gómez y Martí en La Mejorana. Estas discusiones que ya venían entre ellos desde los 80 no son más que temas jurídicos: cómo organizar el ejército y cuáles han de ser sus funciones, las funciones del Gobierno, el límite entre ambos. Martí había descubierto una fórmula: el Partido Revolucionario Cubano. Y en los temas esenciales todos estaban de acuerdo: abolición de la esclavitud, independencia de Cuba, desaparición de los conflictos raciales y postura ante el imperialismo. Las discrepancias aparecían en la forma o el modo de abordar un propósito comúnmente aceptado. Y es que eran personas de distinta formación. Martí venía de una formación intelectual y aquellos dos hombres de una formación de lucha, de combate. A la hora de instrumentar algo tenían que aparecer diferencias.
Lo distinto en las propuestas de Martí ocurría por su temor al caudillismo, que América arrastraba como una nefasta y terrible tradición. El mismo temor se albergaba en Maceo hacia el Ieguleyismo, de ingrata y funesta tradición también.
Pero como Martí no era un leguleyo, Maceo un caudillo a lo latinoamericano, se llegaron a entender al fin. Y ese es el fondo de las honorables discusiones de La Mejorana.
En todo ha existido una esencia que devela que el derecho se ha ejercido para la liberación de los explotados, y para la independencia de Cuba. Lamentablemente ocurre en el 98 la intervención norteamericana y cuando se proclama la República nos colocan como ley la Enmienda Platt, que fue un hecho antijurídico. La impusieron por la fuerza a la Asamblea y muchas gentes votaron en contra. Hubo quienes no votaron en contra argumentando una serie de razones, pero la mayoría sabía o sentía que moralmente estaban votando por algo que estaba mal. Y se sabe que hubo presión, hubo fuerza para esta votación. Ante la resistencia de los constituyentes, se hizo aprobar por el Congreso de los Estados Unidos el texto de la Enmienda, planteando que si no se incluía textualmente en nuestra Constitución no se pondría fin a la intervención norteamericana. Por eso es inaceptable reconocerle valor jurídico a la Enmienda Platt.
Si se revisa la historia neocolonial se aprecia que los dos gobiernos que originaron movimientos revolucionarios en magnitud social -1933 y 1959- fueron el de Gerardo Machado, con la prórroga de poderes, y el de Fulgencio Batista con el golpe de Estado de 1952, que devinieron dictaduras violentas. Los demás gobiernos, a pesar de su corrupción, sus ilegalidades internas, su mediocridad en todos los aspectos, enfrentaron oposiciones, disturbios, pero no revoluciones sociales, porque cuidaban vestirse con ropaje legal.
Sin embargo, Batista violó la ley, violó la Constitución del 40 y nosotros nacimos defendiendo esa Constitución que era una de nuestras sagradas memorias. La violentación de la Constitución del 40 motivó un movimiento de rebeldía popular.
Se fue a la lucha armada para que se respetara la ley. Batista violentó la Constitución porque tenía un carácter progresista para la época y estaba orientada hacia los intereses del pueblo. Se ha dicho mucho que en los años 50 pudo ocurrir una revolución burguesa, y yo digo que el solo cumplimiento de la Constitución del 40 habría traído un choque con los Estados Unidos, porque formalmente abolía el latifundio. La abolición del latifundio azucarero y de todo el latifundio en Cuba representaba un choque brutal con los Estados Unidos: un choque inevitable.
Con el triunfo de la Revolución y un programa que rebasaba esas leyes, se necesitaba un cambio. Y proclamamos, apoyados por el pueblo, una nueva ley constitucional, pero respetando las esencias de la Constitución del 40. En verdad, ella era la historia de algo ya superado.
En 1976, por abrumadora mayoría, el pueblo cubano dijo sí a la nueva Constitución socialista ajustando jurídicamente las transformaciones ocurridas en nuestra sociedad.
La clave de la cuestión se encuentra hoy en que la civilización, de una a otra forma, nació y creció sobre los principios de juridicidad. Cuando cada etapa va llegando a su fin tienen lugar desajustes que ponen en peligro toda la región del mundo en que ha tenido influencia.
En épocas anteriores, sin embargo, las regiones circundantes ocupaban un espacio geográfico determinado. Actualmente tiene sus efectos sobre toda la humanidad. Hay que movilizar a la población no solo de una región circundante, sino a todo el planeta Tierra e incluir al espacio exterior, que los descubrimientos científicos han convertido cada vez en más cercanos. Por esto se ha planteado la necesidad de sustituir el Divide y vencerás por el Unir para vencer.
Hagamos desde Cuba, un llamado a todos los hombres sin excepción para que se unan en el propósito de proteger al género humano de su posible extinción y por ello es indispensable el apoyo a la juridicidad. Para esto tenemos la consigna martiana de ser radicales y armoniosos. Ahí se encuentra el camino en este momento.
Es una regla de la democracia que el pueblo sea legislador Robespierre.
LA HABANA. En los rincones de una librería olvidada hay un libro sobre Félix Varela cubierto con una fina capa de polvo. Es una recopilación de sus escritos*. Se lee: “El hombre no manda a otro hombre; la ley nos manda a todos”. Lenguaje de un solo género, lenguaje de derecho constitucional.
El gobierno, en su rol de representante, debe ejecutar y concretar la voluntad popular consagrada en leyes. Ni más, ni menos.
Esta idea, ya asociada a la creación de la Ley, también es acogida en la tesis de maestría en Estudios Políticos y Sociales de la abogada Amalia Pérez Martín**, ejemplo de gruesas capas de polvo en bibliotecas olvidadas: La creación de la ley debe ser la principal expresión de la soberanía popular; su origen, el pueblo. Ese mandato “viene a constituir un principio básico en la vida constitucional republicana”.
La ley, con todos y para el bien de todos, es garante del futuro del proyecto social cubano. Esto es una verdad tan maciza como la certeza de que los líderes históricos de la Revolución Cubana que todavía hoy asumen el gobierno no van a estar ahí por siempre. A medida que se acerca la hora ineludible del cambio generacional en la dirección del país, el legado con verdadera potestad para sostener, y si fuera necesario defender la autonomía del soberano es la institucionalidad, la cultura del cumplimiento democrático y cívico de la ley y, muy importante: la garantía de que el proceso de Actualización, que es la base para el diseño de país, exprese en términos legales la voluntad popular. Reglas de las que nadie quede eximido y en las que se propugne la igualdad.
Este empeño confronta varias dificultades necesarias de resolver. Para empezar pregúntese:
¿Quién legisla en Cuba?
La Constitución Cubana establece (artículo 88) el espectro de sujetos con derecho a ejercer la iniciativa legislativa, amplio para algunos de los especialistas consultados:
Pero no todos esos sujetos, aun con la posibilidad de hacerlo, legislan. Varios puntos señalan la falta de transparencia en el proceso legislativo, comenzando por el desconocimiento y escrutinio de la vida pública y el pensamiento de quienes pueden, y de hecho legislan.
En realidad, más allá de las sucintas y desactualizadas biografías que se han hecho públicas, la mayoría de las cubanas y cubanos no sabemos quiénes son o cómo piensan nuestros delegados, nuestros diputados, ni la gran mayoría de nuestros dirigentes: qué edades tienen, cuántos hijos, dónde y cómo viven, dónde estudiaron, si son buenos padres y madres, si cuidan y protegen a los animales… No sabemos.
Nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) es, como está reflejado en la Constitución, la instancia legislativa superior de nuestra sociedad, las 612 personas que, siempre representando la voluntad popular, deben aprobar cada ley, y velar por el cumplimiento de la Constitución.
Aun así existe un “plan legislativo”, del cual el Ministerio de Justicia es responsable desde la década del 90, que contradictoriamente no es aprobado por la ANPP, “el órgano supremo del poder del Estado”, sino por el gobierno: “de forma quinquenal y con carácter de información clasificada”, como explica la Máster Amalia Pérez en su tesis, discutida en 2013. Aunque es de suponer que con el carácter apresurado de la implementación de los lineamientos, los cuales requieren que se legisle con agilidad en varios aspectos de la vida económica del país, esta planificación no debe ser ya cada cinco años.
De todos modos, un cronograma de legislación quinquenal y secreto, obviamente, limita el ejercicio legislativo que pueda surgir desde los diputados como individuos o desde el pueblo, y a todas luces otorga primacía a la iniciativa legislativa desde el ámbito gubernamental. De hecho, la información sobre el origen de cada propuesta jurídica es usualmente omitida, incluso aunque logre convertirse en ley.
En la Gaceta Oficial de Cuba se han publicado ya alrededor de 335 Decretos-leyes —que en Cuba tienen el mismo peso jurídico que una Ley— promulgados por el Consejo de Estado (CE), un órgano sin representación popular directa, ya que sus integrantes no fueron elegidos directamente por el pueblo, y que no expresa el mismo poder que la Asamblea. A esa cuenta solo suman 123 leyes, casi tres veces menos.
El Consejo de Estado, la estructura que más y con mayor alcance ha legislado en los 40 años de nuestra constitución —que representa mas no sustituye a la ANPP entre los dos períodos de sesiones—, está compuesto por 31 miembros: 17 hombres y 14 mujeres; 23 con piel blanca y 8 con piel negra o mestiza; todos con nivel superior; por lo que sabemos 9 ingenierías, 9 licenciaturas en Ciencias Sociales y 5 en Ciencias Exactas, y al menos 2 graduados de escuelas militares; ocupados como ministros y viceministros, en la rectoría de la Universidad de Ciencias Informáticas, en la Contraloría General de la República; Direcciones Nacionales de Organizaciones de Masas, Jefes de Comisiones, Presidentes de Comités y Asambleas Provinciales, Directores de Institutos, centros de investigación, empresas y refinerías…; cuyo promedio de edad, de no ser por la reciente incorporación de Jennifer Bello Martínez, de 23 años, probablemente sobrepasara los 60 años.
Muchísimos aspectos esenciales de la vida en Cuba han sido regulados a partir de Decretos-Leyes y Resoluciones, normas jurídicas que no necesariamente representan la voluntad de la mayoría traducida en ley. Fue el caso de la otrora prohibición para el pueblo cubano de entrar a los hoteles. O de la más controvertida por estos días, en especial luego de que comenzaran a llegar cruceros a los muelles de la Isla: la imposibilidad de utilizar sin restricciones el transporte marítimo, recientemente levantada. Hasta el momento se desconoce qué rango tiene la norma que dictaba ese mandato, la cual no fue identificada en el sitio web de la Gaceta Oficial.
Otro de esos sinsentidos fue también el caso de la compraventa de inmuebles, prohibida por el Decreto-Ley 233 de 2003 y sus resoluciones complementarias a pesar de que siempre estuvo permitida por la Ley General de la Vivienda de 1988 y por el Código Civil de 1987, ambas vigentes aún. Fue en 2011, y a partir de otro Decreto-Ley, cuando se pudo volver a vender y comprar casas en Cuba. Para entonces la proscripción había estimulado la proliferación de un mercado inmobiliario ilegal, despojado de cualquier garantía.
Nuestra carta magna indica que es “según establezca la ley” (130 menciones) como deben ser reguladas los derechos, deberes y libertades ahí reconocidas. Pero muchas de estas leyes nunca se redactaron. Esto explica, por ejemplo, el desamparo jurídico en libertades de prensa y en materia de ciudadanía… normas que, aunque su confección quedó ordenada en el texto constitucional hace 40 años, aun no existen en el país.
En el caso de la libertad de prensa, la garantía es que los medios en Cuba son públicos, no que quien lo desee pueda fundar un periódico. Y de hecho, si algo ha cambiado en el actual escenario mediático cubano es precisamente el creciente número de publicaciones que han surgido en la Isla al margen de la ley. Pero, ¿cuál ley? Hasta el momento, solo se ha anunciado que ya se trabaja en la elaboración de una política.
“El hombre no manda a otro hombre; la ley nos manda a todos”, se lee en el polvoriento libro sobre el hombre que “nos enseñó primero a pensar”. A su lado, irónicamente, yace desatendida la Constitución. Y dice: “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”.
(*) “Pensamientos de Félix Varela”, de los compiladores María Margarita y León Ortiz.
(**) Tesis presentada en opción al Título de Máster en Estudios Políticos y Sociales: “República y creación de la ley en la institucionalización política consagrada en la Constitución Socialista de 1976”. Autora: Amalia Pérez Martín. 2013.
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En Cuba, la reivindicación de la política es un imperativo. Contradictoriamente con los éxitos obtenidos por el actual equipo de gobierno cubano en el último año y medio, la reciente visita del mandatario norteamericano y la perfectamente estructurada finalidad política – también ideológica – de cada gesto, palabra y acto de los que aquí realizó junto a su sincronizado grupo de apoyo, son muy reveladores de esa necesidad.
No me voy a detener en ese caso ahora, pero un análisis de la intencionalidad y efectividad de los recursos políticos puestos en juego por ambas partes, no debería tratar nunca de las características de las personalidades involucradas.
Lo que me interesa abordar ésta vez es que desde hace mucho tiempo, pero sobre todo en el último año, el debate dentro de la Revolución cubana ha girado – y desde muchos ángulos – a una reflexión colectiva del valor de la política entre nosotros. Concurren por lo menos cinco elementos que explican esa centralidad más allá de las coyunturas:
1) una creciente comprensión del papel que dentro de una Revolución juega la política como forma de lograr involucrar en ella a las mayorías y alcanzar la definición, elaboración, consenso y consecución de sus metas.
2) la existencia de síntomas de disfuncionalidad política en el Estado, las instituciones y la sociedad civil cubana.
3) el abandono, agotamiento y anquilosamiento de muchos métodos y medios de gestión y comunicación política.
4) la desconexión y desmovilización de segmentos poblacionales de la vida política y la irrupción de una exitosa matriz de pensamiento global contra hegemónico al Socialismo.
5) la urgencia de formar una cultura ciudadana que permita el despliegue y empoderamiento de prácticas y comprensiones republicanas, y el fortalecimiento del espacio público contra la paulatina legitimación, en los imaginarios y las prácticas sociales, del capitalismo.
La reacción a la reciente publicación en el diario Granma del texto A menos de un mes del Congreso del Partido, subraya algunos de dichos elementos y se incorpora a ese debate. A contrapelo de definiciones anteriores acerca de la realización de un proceso previo de amplia consulta popular, la inminencia del cónclave de los comunistas cubanos a partir de un diseño organizativo diferente, sorprende hasta a su propia militancia.
Para ninguno de ellos, pero sobre todo para la población que ha seguido con especial atención todas sus ediciones anteriores, se trata de una reunión formal. Nunca lo ha sido. Esa importancia ha estado conectada a la propiedad de ser el proceso más políticamente inclusivo y cabalmente crítico de todos los que se producen en Cuba.
En El arte de ser ciudadano en Cuba, apunté hace muy poco tiempo que esa reunión ¨…será una holografía de lo que somos y podemos ser, de lo que queremos ser, pero no hay que olvidar que las finalidades de esa organización y su enorme influencia en la sociedad cubana, ha dependido sobre todo de su capacidad de interpretar el bien común y saber cómo alcanzarlo entre todos y con todos¨. Esa sigue siendo una expectativa válida. Como se sabe, no se juzga a una organización política por lo que proclama sino por sus actos.
Es casi imposible saber hasta qué punto influirán en los próximos tiempos procesos de envejecimiento ético y cultural, diversos tipos de parálisis paradigmática, o de crisis de autenticidad política y social que se verifican en la sociedad cubana. Pero el condicionamiento de prácticas anteriores y recientes que involucran a los ciudadanos como espectadores consultados del trabajo de especialistas, o de representantes escasamente determinados por las opiniones, deliberaciones y juicios de sus electores, es en cualquier caso un serio límite para lograr que el resultado obtenido exprese y forje la conciencia de efectividad de la ciudadanía que tan cara le ha sido siempre a la Revolución cubana.
Esto es algo que señala, también, la importancia que hay que prestarle al cómo se alcanzan los consensos sociales y se produce la toma de decisiones, sobrepasados ciertos puntos de equilibrio entre las contradicciones sociales, políticas y económicas y la hegemonía de un proyecto.
No hay que subestimar en ningún modo la idoneidad de esas prácticas para funcionar, coaligados con otros factores, como estímulos aversivos de la política para sectores cada vez más importantes de la población. Tampoco su intrínseca susceptibilidad para ser explotadas como divergencias por otras alternativas ideológicas sobre todo cuando las antiguas capacidades y cualidades de un sistema para responder a las contradicciones, empiezan a ser parte de su desgaste.
Tal es un dato a tener en cuenta para la agenda del próximo año, en que las reformas de la Constitución y de la Ley electoral tendrán que ser procesos realizados políticamente de abajo a arriba, o difícilmente tomarán contacto e involucrarán a la sociedad cubana en su trascendencia real. Hay que entenderlo de una vez. No es una cuestión sin importancia.
La subestimación de la política ha sido un error que hasta hoy han pagado los grupos que han surgido y desaparecido a lo largo de más de medio siglo como excrecencias parasitarias de los esfuerzos estadounidenses por organizar una oposición a la Revolución en Cuba. Pero no es un expediente que parezcan seguir actores que ya empiezan a ser definidos como representantes de un nacionalismo de derecha y que, en la búsqueda de zonas de influencias, han experimentado en formas muy flexibles, creativas y mediáticas de organizar proyectos que pretenden articularse a corto y mediano plazo como plataformas de reflexión y activismo político.
Alguna vez parafraseando a Horkheimer y Adorno he dicho que la prohibición de la imaginación política abrirá siempre paso a la locura política, pero la cuestión de fondo en Cuba estará siempre en comprender que una Revolución lo es sobre todo por su manera original y desafiante de pensar y transformar la realidad políticamente sin dejar indiferente a nadie. Tal cosa no ocurre a través de los informativos de la televisión y mucho menos en los negros tipos gráficos de los periódicos, tampoco con multitudes que creen que la política es sucia.
Para evitar que dioses y desvelos claven aquí sus razas, tal como nos dice Rodolfo Tamayo, el Calibán cubano - la mujer y el hombre que hace su destino en éstas tierras - tiene que evitar a toda costa el drama de Macbeth: ver el futuro y no comprenderlo. Para ello tiene que mirarse en el espejo, reivindicar la política.
LA HABANA. ¿Qué conceptos y prácticas deben caracterizar al nuevo modelo socialista? ¿Cómo distinguirlo del vigente? ¿Cuáles son los espacios de autonomía de una sociedad civil socialista? ¿Cómo tendría que funcionar el sistema político?
Esta serie de entrevistas se dirige a indagar las concepciones de un orden socialista renovado, y a contribuir modestamente a su debate crítico.
Narciso Cobo es jurista y profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Fue presidente de la Sala de lo Económico del Tribunal Supremo Popular y de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero. Actualmente funge como vicepresidente de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional. Ha publicado artículos en la revista Temas y participado como ponente y público en las sesiones de Último Jueves.
Fernando Luis Rojas (FLR):Está claro hoy que las rutas del socialismo en sus 99 años de puesta en práctica no responden a un mapa prestablecido y cierto. Pero también que, sin reformularlo, desde cada experiencia nacional y visión del mundo actual, sin saber hacia cuál queremos ir, caminando a tientas, o importando modelos, se corre el riesgo de no llegar a ninguno. Ahora que se acerca el VII Congreso del Partido Comunista y se habla de su conceptualización, ¿qué distingue al socialismo existente y el que se necesita para Cuba? ¿qué distancia existe entre uno y otro?
Narciso Cobo (NC): A nuestro favor tenemos los errores. Unas veces hemos dado en el clavo y otras en la herradura. Entonces la distinción entre el socialismo que tenemos y el que necesitamos va a depender, ante todo, de la capacidad que tengamos para corregirlos. No basta con hablar de ellos. Se trata de no dejar que continúen pautando, de hecho, la vida cotidiana del cubano.
Por momentos hemos mostrado la capacidad de autocriticarnos, pero quizás no hemos sido —ni acabamos de ser— coherentes con esa autocrítica. Por otra parte pienso que no se hace un verdadero espacio al debate y la crítica social.
Pese a lo justificativos que hemos sido —y creo seguimos siendo—, sin culpar de ello a la prensa que quizás piensa y quisiera decir las cosas de otra manera, no creo que nos haya faltado —ni nos falte— un pensamiento crítico informado. Y como si este no bastara, tenemos el del sentido común de la gente, que el humor del cubano no ha dejado nunca de reflejar. Será un problema de canales o de interlocutor, pero lo cierto es que, intencionadamente o no, se hace una “zona de silencio” en torno a la crítica social, un silencio paralizante. Es de las cosas que considero, obligadamente, tenemos que cambiar.
En el socialismo que me represento es la gente lo que tiene otra centralidad, no el Estado. Este último tiene un papel ordenador, conductor hasta cierto punto, en la transformación de las relaciones sociales, pero es la sociedad la que construye el socialismo. Y no sé si “construir” sea la palabra. Pero lo cierto es que este no se hace sin participación, sin oír a la gente. Suele decirse que tenemos diseñados los espacios, pero en la vida real yo creo que todos, en un grado u otro, somos conscientes de que ni son todos los que deben y pueden ser ni son lo efectivos que quisiéramos que fueran. Hay un cierto autoritarismo o centralismo que, perdonando la expresión, más que anular, “suplanta” esta participación.
FLR:Usted decía que “unas veces hemos dado en el clavo y otras en la herradura”. ¿Cómo se daría entonces en ese socialismo necesario o deseado la dinámica entre continuidad y ruptura?
NC: Hay que advertir que hay continuidades, valores, que han sustentado el proyecto revolucionario en el ámbito social, que deben seguir formando parte, pienso, de ese socialismo que necesitamos o queremos; que no debemos renunciar a ellos, aunque puedan formar parte de nuestra utopía. A la vez que dan una dirección y un sentido a las transformaciones, encierran una capacidad movilizativa que en todo caso debemos preocuparnos por perfeccionar. Nuestro ideal de una sociedad lo más justa e igualitaria posible está entre esos valores que, sin embargo, pueden verse relegados, como resultado de las propias transformaciones.
Sin apego a la perpetuación y sin temor a la ruptura, un proceso de transformación como el que debemos llevar a cabo, presupone continuidad y renovación.
Quizás la mejor forma de responder, entonces, sea “por oposición”, a partir de los rasgos negativos que puede presentar nuestro socialismo que de alguna manera le restan capacidad de atracción o credibilidad. Y esto es algo que tendríamos que comenzar por analizar y debatir, abiertamente. ¿Qué hace que nuestro sistema no tenga la credibilidad que quisiéramos que tuviera? Creo que atribuir este fenómeno solo a los problemas económicos que confrontamos sería una simplificación.
FLR:¿Qué otros problemas podrían considerarse además del económico?
NC: Hay otros factores que pueden concurrir y que más allá de las carencias materiales, creo le restan capacidad de atracción al proyecto cubano. El fenómeno migratorio es solo una manifestación de esto. Y, por paradójico que pueda resultarnos, al menos una parte de la respuesta pudiera estar, pienso, en lo que llamamos, con toda justicia, conquistas del socialismo. Aunque nadie duda de los logros en los campos de la salud y la educación, por tomar quizás los más reconocidos internacionalmente, sucede que damos por sentado sus bondades y solemos pasar por alto las disfuncionalidades que presentan en el día a día, para dar respuesta a expectativas que no han dejado de evolucionar y de ser cada vez más exigentes y que buscan criterios de comparación que dejan atrás nuestra realidad.
No hay que perder de vista que los cambios que fueron radicales en su día, como parte del proyecto revolucionario, hoy forman parte de los derechos adquiridos y solo suelen evaluarse a partir de las insuficiencias que puedan presentar actualmente. La gratuidad y universalidad de servicios como la educación y la salud se dan por sentadas, ahora es un problema de calidad. Si bien esta es reconocida por los organismos internacionales y se expresa en indicadores sociales que nos posicionan favorablemente como país, es cierto que en la percepción del ciudadano medio no es igual. Sin perder de vista que esta es una visión compartida muchas veces por quienes laboran en ambos sectores y que no ven retribuido su trabajo, de verdadera especialización y dedicación, en detrimento de su sentido de pertenencia y entrega profesional.
Con sus matices y diferencias, no deja de suceder algo parecido en campos tan distintos y representativos de nuestra identidad, como el deporte, la ciencia o la cultura, pese a los logros en unos y otros.
Por otra parte, en Cuba, a pesar de tratarse de un país de trabajadores, no alcanzamos a reconocer el trabajo. Quizás, reflexionando en alta voz, sea este el problema de mayor peso en la falta de credibilidad del socialismo que tenemos. Y por oposición, es este el aspecto primordial que debe resaltar en el socialismo que queremos: el respeto por el trabajo, su centralidad. No es un problema de declaración. O filosófico. O de exaltación en los marcos de una jornada dedicada a un sector u otro. Es en los hechos que tiene que figurar este reconocimiento, que no se expresa solo en términos monetarios o retributivos, aun cuando este último evidencie ser, quizás, el problema mayor. Restituir la centralidad del trabajo quizás sea el reto más honda significación en las transformaciones que tenemos por delante.
FLR:Aunque usted evita la simplificación, en la insuficiente credibilidad de nuestro sistema lo económico mantiene un peso significativo.
NC: Y lo político. Dos pueden ser los rasgos que presenta nuestro socialismo que, a mi juicio, le restan igualmente credibilidad: la centralidad del poder y la falta de participación, que quizás puedan sintetizarse en el verticalismo que padecemos. La primera se expresa en todos los campos y si por una parte hace densa la red que se estructura jerárquicamente, por otra anula la iniciativa, la creatividad, la autonomía de los órganos que están llamados a compartir funciones de gobierno o administración. En el plano de los valores, hacer lugar a la participación solo de manera figurativa, sin concederle verdadera importancia, cuando en rigor el socialismo es esencialmente un ejercicio de participación, no deja de ser caldo de cultivo del oportunismo, la complacencia, la mediocridad y la doble moral.
En lo económico, sin entrar a los problemas de la excesiva estatalización, actualmente en vías de corregirse, la centralización, de manera análoga, persiste como un rasgo distintivo que afecta el funcionamiento de la economía y descoloca a los actores económicos; anulando su capacidad de emprendimiento y vaciando de sentido la participación de los colectivos de trabajadores, sin la cual el carácter socialista de la propiedad estatal carece de verdadera sustentación. Si a esto sumamos la estrechez de algunos criterios aún prevalecientes en torno a la pequeña empresa; tenemos una economía caracterizada por su rigidez, baja productividad y limitada eficiencia. No tanto por ser primordialmente estatal, como por la forma de organizar y llevar a cabo la actividad económica.
FLR:Para aprovechar su metodología de diseñar y construir “por oposición” el modelo deseado, ¿qué conceptos y prácticas sobre la propiedad, los medios de producción y el mercado, deben caracterizarlo?
NC: La conceptualización de las formas de propiedad puede no haber sido la más acertada, pero pienso que es en la práctica, en su realización, donde encontramos los obstáculos mayores. De una manera u otra todas las formas de propiedad reconocidas se ven limitadas y condicionadas en la vida real. En este sentido creo que, de cara al futuro más inmediato, partiendo del proceso de consulta que deberá desplegarse con vistas a la reforma constitucional que debemos llevar a cabo, tendremos todos que preguntarnos por las relaciones de propiedad que necesitamos. Y eso implica abandonar esquemas o estereotipos relacionados tanto con la propiedad estatal como con las restantes formas de propiedad, de manera que los derechos relacionados con su realización puedan ejercitarse conforme a su naturaleza y finalidad, en beneficio de sus titulares y de la sociedad.
En cuanto a los medios de producción, término que a veces nos ha llevado por derroteros equivocados, pienso que los pasos que se dan en relación con las formas de gestión empresarial no estatal, expresión que continua poniendo de relieve una visual estatista, van dirigidos a reconocer el papel de estos nuevos actores y, como corolario, la diversidad de formas de titularidad e intervención de estos sobre los medios de producción a su disposición. Todo medio o instrumento de producción, equivale a decir todo actor económico, cuenta. Todo lo que obstaculice o haga ineficiente su empleo va en contra de la racionalidad económica que pienso debe primar para acabar de salir adelante.
Son los actores económicos, cualquiera que sea el régimen de propiedad, los que crean la riqueza. Toda la riqueza. Crean valores con su actividad. Es importante que lo puedan hacer con la mayor racionalidad y eficiencia. Si se ven estorbados o impedidos por hallarse privados de la capacidad para tomar decisiones y asumir su responsabilidad por los resultados, difícilmente se les puede culpar. No es el empresariado, pienso, el que debe continuar cargando las culpas. Hay que revisar el entorno de este empresario, y corregir todo aquello que lastre o impida que desenvuelva su actividad.
En esto, y no quisiera dejar de decirlo, la forma en que hoy día se ejerce el control sobre los actores económicos tiene, en mi opinión, parte de la responsabilidad. En el imaginario del empresario cubano, quiérase o no, se trabaja muchas veces para la supervisión. Esto es algo que en boca de Carmela, la protagonista de la película Conducta, es una alerta de algo en lo que debemos reflexionar.
FLR:Usted hablaba de la centralidad que debe tener la recuperación del trabajo. Esta problemática se identifica muchas veces con lo estatal, pero en realidad lo trasciende. En el sector tipificado como “trabajo por cuenta propia” —muy heterogéneo— se establecen relaciones que en ocasiones no reivindican el lugar central del trabajo; pero este se encuentra tan deprimido en el ámbito estatal que una subvaloración de su papel en la pequeña o mediana propiedad privada no parece significativa.
NC: Pero es que en la forma en que se trata ese universo al que tú te has referido, tan heterogéneo, conduce de alguna manera al ocultamiento de esas relaciones laborales; por lo tanto, todas las relaciones que se inscriben en ese espacio, en ese ámbito, entran en un grado de precariedad porque carecen de verdadera tutela. Ellas están todo el tiempo sujetas a “mi” autoridad, a “mi” decisión, con un grado de dependencia que le impone una sujeción diferente, aun cuando sus criterios de realización personal se acerquen más aquí, con independencia de que su proyecto de vida sea más realizable a partir de los ingresos que pueden derivar de aquí; pero el factor trabajo aquí acusa toda esta problemática. Si a esto le añades la otra mecánica de invisibilidad, real, estás agravando esta situación que tú adviertes. Entonces el tema relación de trabajo indudablemente es, en mi opinión, de máxima sensibilidad.
Carolina García Salas (CGS):Quizá a la concepción del proceso de trasformaciones en Cuba le estén faltando miradas integrales, abarcadoras y articuladoras de distintos campos, desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son los principales retos?
NC: Todo esto que estamos hablando tiene necesariamente que expresarse en un sistema y orden legal, en un régimen normativo. Es que la norma, el derecho, lo que formula son expectativas de conducta, básicamente. Cómo queremos que se conduzcan la sociedad, determinados grupos, la persona. Son expectativas de conductas. Eso implica algo, una categoría que en mi opinión es clave y que nosotros la hemos desacomodado, que es el interés. ¿Cuáles son los intereses?, ¿qué son los intereses sociales?, ¿cuáles son los intereses personales? No hablo de necesidad, la necesidad es una categoría muy importante, pero esta, la de los intereses, lo es también.
Para ponerte un ejemplo: un pelotero cubano —yo ni siquiera soy un aficionado al beisbol, no quisiera incurrir en ninguna superficialidad— puede haber sido aplaudido por la afición, puede incluso haber sido beneficiado, reconocido, estimulado moral y económicamente y, sin embargo, emigra. Esto indica que no necesariamente se trata de problemas económicos, o de la posibilidad de ganar millones, es que en su imaginario jugar en Grandes Ligas tiene una significación importante, le falta ese otro reconocimiento para su realización como persona, quiere “medirse” allí.
Entonces el de los intereses es uno de los campos en los que requeriríamos trabajar de manera muy sostenida. Hay que identificar esto, revelarlo, para poder tener las normas adecuadas que los tutelen, que los protejan, que hagan posible su realización.
Esto sucede en todos los ámbitos, en el de las asociaciones, de las fundaciones, ¿cuántos intereses diversos no están presentes en su conformación? Pero alrededor de estos procesos todavía hay muchas restricciones. Por un lado, el síndrome del ocultamiento, el pensar que hay siempre cosas detrás, no dichas. Por otro, el problema de que, no consideramos, no concebimos la no subordinación. ¿Por qué una asociación tiene que subordinarse?, ¿a qué? En otros contextos estas organizaciones forman parte del entramado social, simplemente. Sin embargo, en nuestra percepción es impensable que no se subordine a algo. Es una expresión evidente, me parece, de aquel verticalismo del que hablaba.
FLR:En este fenómeno que apuntaba Carolina y que usted desarrollaba ha sido una clave la alusión al problema de la participación y del verticalismo. Ahora usted mencionaba la actitud ante el asociacionismo como una de las expresiones. Creo que eso puede estar vinculado con determinados ejercicios de generación jurídica. A veces uno se pregunta, ¿cuál es el ámbito de discusión que debía tener una determinada medida que se establece? Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley de inversión extranjera. Cuando se habló del proceso de discusión previa a la aprobación de la Ley por la Asamblea Nacional, se refirió un proceso muy amplio de consulta con un grupo de especialistas, treinta, cuarenta por territorio, como una cifra significativa.
Experiencias como esta generan preguntas: ¿Se discute todo?, ¿qué se discute?, ¿cómo se dan los vínculos?, ¿cuál es el papel del Estado?, ¿qué otros mecanismos?, ¿qué otros mediadores están?, ¿podrían ser las asociaciones quizás un espacio para ello?
NC: Quedarse en esa franja de que si discutimos esta o aquella ley puede llevarnos a asumir que tenemos los espacios de participación que quisiéramos y necesitamos; yo no creo que sea así. No hay que confundir el proceso de gestación de las normas legales con lo que es el proceso de participación de la ciudadanía en todo lo que le toca y concierne, son cosas diferentes.
La norma, de alguna manera, está precedida por una política, independientemente de que a esa política, a su vez, le anteceden estudios, investigaciones, que han identificado necesidades de ordenamiento, de cambio, de regulación, en alguna esfera de la sociedad, en los que es comprensible y necesario que participen expertos.
Pero, ¿cómo se participa de la gestación de esas políticas?, casi tecnocráticamente; no debe ser. ¿Cuándo y cómo discutimos esas propuestas, esas bases de políticas públicas en cualquiera de los campos, en relación con la juventud y el problema migratorio, el envejecimiento de la población, la pobreza, la desigualdad, los precios? Todas esas son proyecciones que se deben de alguna manera examinar, más allá de los limitados espacios en que a veces discurre este examen, más abiertamente.
Después se formula esa política y se somete a una aprobación que la congela, la sacraliza; y no hay tampoco una intervención en la aprobación de las mismas, ¿dónde es que, como regla, se aprueban esas políticas, en qué espacio?, en el más reducido que tenemos.
Y luego se va al proceso de implementación. Nuevamente, ¿dónde se debate? Muchas veces no hay ese otro momento de reflexión ni de reconsideración de lo que quedó aprobado. Hay directamente una norma que está llamada a proyectar y reflejar la política con sus aciertos y con sus errores.
Después viene el problema de la eficacia de aquella norma. ¿Dónde y cómo se evalúa? Entonces se gestan “zonas de silencio” en torno al comportamiento disfuncional de esa política o de aquella norma, en torno a su propia ineficacia. Creo que el tema de la participación no podemos verlo restringido a esa consulta que a veces se hace, porque ese proceso no está dirigido a formar o fomentar consenso. Este último implica capacidad de intercambio, diálogo, es donde va estructurándose gradualmente un pensamiento diferente, que está nutrido de muchos otros y eso no creo que lo tengamos, realmente, en nuestra visual. Sin embargo, no es nada que no podamos hacer.
Foto: Carolina García Salas
CGS:Hablando de participación, ¿cuáles considera que son los rasgos y espacios propios de una sociedad civil socialista?
NC: La sociedad civil resulta un concepto o una categoría que, a pesar de comenzar a tratarse entre nosotros en los 90, no parece acabar de encontrar el debido acomodo. Ni en la teoría ni en nuestra práctica social. Pese a contar con organizaciones sociales de una vocación integradora, que han desempeñado un papel importante a lo largo del proceso revolucionario y que nacieron como productos originales de este, su perpetuación y limitada capacidad de renovación, parece haber erosionado su legitimación en la actualidad. Esto nos obliga a pensar.
Las asociaciones, portadoras de una amplia diversidad de intereses y representativas de importantes sectores de la sociedad cubana, cuyo crecido número pudiera sorprendernos, se ven restringidas de manera significativa en su ámbito de actuación. Hay un síndrome velado que hace denso el espacio en que estas se mueven, que les resta el protagonismo que les es propio como vectores de una dinámica de intercambios, a pesar de que no dejan de compartir muchos de los empeños y compromisos de nuestro proyecto social. Esto, sin excluir el papel que pudieran incluso asumir en la esfera de la redistribución para contribuir a amortiguar diferencias y a la sostenibilidad, legitimación y credibilidad de nuestro sistema social. Una gran parte de ellas, sin embargo, carece incluso de visibilidad.
Las razones para contar con ellas son múltiples. La sociedad cubana es rica en espacios. El cubano propende en cierta medida a integrarse a cuerpos, a grupos, en los que su vocación o inclinaciones se ven de alguna manera compartidas con otros, y que refuerzan su forma de apreciar o valorar una actividad. Este es un modo importante de participación. A la vez. Las asociaciones tienen un indudable impacto social, permiten la realización personal de sus miembros o integrantes. Tienen —o pudieran tener— un papel de articulación nada despreciable. El solo hecho de su capacidad de diálogo debiera obligar a hacerles otro lugar. Pero está claro que también debe haber una voluntad de escuchar.
FLR:Esas restricciones a las asociaciones y esa necesaria voluntad de escuchar de la que habla, nos remite a mirar el sistema político. En este sentido, ¿cómo debe funcionar un sistema político socialista renovado?
NC: De entrada, creo que de manera diferente a como viene haciéndolo. De forma mucho más participativa. Más abierta. Más inclusiva. Lo político no se agota en lo electoral. Me lo represento más bien en su funcionamiento: en la gestación, aprobación e implementación de las políticas públicas, y en su ejecución y control. No puede, o no debería, operar sin un grado diferente, verdaderamente efectivo, de participación popular. Y si ello va a realizarse bajo la rectoría del Partido, debe tener lugar con la participación obligada de toda la sociedad civil, puesta en función de ello. El Partido no debe suplantar a esta.
El Estado sirve a la sociedad civil, no a la inversa. Luego, el sistema político debe ordenarse de modo tal que aquel se organice y funcione de manera verdaderamente representativa y participativa, no simbólicamente, sino de manera efectiva. Ello supone otra capacidad de intervención del ciudadano y de realización de sus derechos, y también de las instancias locales por ser las más cercanas a este, a la comunidad, a la vida real, a lo cotidiano, donde se debe manifestar y realizar el sistema social. Es lo que le imprime a este, y posibilita, su legitimación y credibilidad. Ese es, creo, el verdadero espacio en que se concreta y realiza el socialismo.
Hoy, francamente, considero frustrante la participación ciudadana. Y pienso que parte importante de este sistema político debe estar en la capacidad que muestre de estar atento a los problemas de la gente y dar solución a estos con su participación. Los medios de prensa, como caja de resonancia de los posibles intereses en conflicto, deben tener un papel importante en este entramado. En esa dirección habría que replantearse quizás el problema de estos y buscar formas más adecuadas que le confieran la necesaria “capilaridad”. En esto, la función de la prensa es irremplazable.
Por otra parte, aunque centralización y autoritarismo no son la misma cosa, se dan las manos. Y más allá de lo que pueda entorpecer, como tantas veces se ha dicho, la autonomía de los actores económicos, la creatividad e independencia de pensamiento y el ejercicio de las libertades, no deja de resultar un campo propicio para conductas complacientes y oportunistas, que lastran el sistema político y lo privan de la necesaria legitimación.
Pienso que nuestro socialismo tiene que ganar credibilidad, no solo para los de afuera, sino ante todo para nosotros mismos; y renovar su legitimidad, con el acuerdo de todos. La histórica alcanza a explicar el proyecto social cubano, pero no la continuidad, permanencia y sostenibilidad de su ideario. Y esto es importante; es algo en lo que obligadamente tenemos que pensar.
Son ya mayoritarias las generaciones nacidas dentro del proceso revolucionario, que tienen otra perspectiva de las realizaciones alcanzadas y que, sin desconocer los sacrificios de las que las preceden, son portadoras de nuevas exigencias. Yo creo que es necesario fomentar un nuevo consenso de los derroteros que nos proponemos, con la más amplia participación de todos. Creo que más allá de las reformas económicas emprendidas, y las transformaciones que se vienen operando, el proceso de modificación del texto constitucional, como verdadero eje articulador de estos cambios, debe contribuir a sentar las bases y a fijar las pautas que den paso a esa necesaria renovación de nuestro sistema político, en su integralidad.
FLR:Hay una cosa que me resulta interesante como expresión de esa “participación ciudadana frustrante”. Tiene que ver no solamente con la participación en el diseño o definición de esas políticas, sino con la evaluación de las mismas. Por ejemplo, en el proceso de discusión de los Lineamientos había una percepción bastante amplia de la necesidad de una transformación. Ahora, no creo que esté la fórmula para identificar que esa política de cambio que inicialmente fueron losLineamientos pueda enfrentar obstáculos, problemas y padecer desviaciones o errores desde el propio momento en que se empieza a implementar.
NC: Tiene que ver con muchas cosas, Fernando. Lo primero que yo te preguntaría, ¿por qué colocarnos en lo que fue el debate de los Lineamientos para examinar este problema? Hemos tenido otros espacios de convocatoria en momentos cruciales, pero tenemos el Congreso [del Partido] a las puertas, ¿por qué no hemos debatido lo que se va a examinar, considerar, analizar allí? Eso es lo que legitima a la fuerza rectora. ¿Hay que esperar a que decidan lo que yo voy después a examinar? ¿Por qué? No ha sido ni siquiera nuestra práctica histórica. Lo que se ha llevado a los Congresos siempre ha sido debatido con un grado de amplitud, ¿cómo en un momento como este se nos va a privar de eso?, ¿qué se dirá de la Constitución, de los Lineamientos, de las estrategias? Hay que sentar las bases para recibir al menos un ruido de cómo pensamos, percibimos, qué nos angustia, qué nos preocupa. Y no es una discusión formal, parte de una necesidad de registrar para poder llevar a ese marco el rigor, la profundidad de análisis que merece.
Dentro de nada habrá cambios importantes, concluye la presente legislatura y termina Raúl como presidente de Estado y gobierno, ¿y quién asume? Antes tú conocías todos y cada uno de los secretarios del Partido de provincias, antes te sabías de memoria los miembros del Buró Político, los del Secretariado; eso formaba parte de la cultura política. ¿Ministros? La mayor parte eran conocidos. El factor histórico, presente en la mayor parte de ellos, reforzaba su autoridad. ¿Hoy quién los conoce? Estamos ante una nueva realidad en la que las instituciones están llamadas a desempeñar un papel central. Entonces tenemos que apostar a un diseño más inteligente de estas.
Yo creo que, pese a todos los empeños en su preparación, nunca hemos estado en una situación de mayor precariedad en las estructuras de dirección del país. Cómo no oír a la gente, si es un momento en el que tienes que formar consenso, alimentarte de todas las percepciones, de todas las inteligencias. Creo que tenemos capacidad instalada, tenemos la gente, tenemos un por qué, tenemos cómo. Sería muy lamentable que no hiciéramos las cosas bien pudiendo y teniendo cómo hacerlas. Si en algún momento ha sido necesaria la participación, es este.
Raul habla en el acto de proclamación de la nueva Constitución de la República de Cuba, el 24 de febrero de 1976. Foto: Archivo de Trabajadores
Intervención del compañero Homero Acosta Álvarez, Secretario del Consejo de Estado, en el Acto de entrega del Premio Carlos Manuel de Céspedes y la Conmemoración del 40 aniversario de la Constitución Socialista Cubana.
Estimados Colegas:
Deseo en primer término agradecer a la Junta Directiva de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, y a su presidente, haberme honrado pronunciar unas palabras en tan memorable fecha.
Sumo mis felicitaciones al Dr. Diego Fernando Cañizares Abeledo por su merecido Premio Carlos Manuel de Céspedes. Se salda una deuda con quien ha tenido una larga y fecunda labor profesional y al cual debemos importantes obras para el estudio del Derecho. Hoy, con la vitalidad juvenil que le caracteriza, continúa aportando y sorprendiéndonos con su trabajo.
Igualmente, resalto la justeza del reconocimiento a los compañeros Rodolfo Dávalos y Nuris Piñeiro por su contribución, desde el Derecho, a la lucha por la liberación de nuestros Cinco Héroes.
Recordar el 24 de febrero, fecha de inicio de la segunda etapa de nuestra Guerra de Independencia que organizara nuestro Héroe Nacional José Martí, y en que conmemoramos el cuadragésimo aniversario de nuestra Constitución Socialista, en este memorial, revela un gran simbolismo.
Resulta obligado por ello evocar a nuestro Héroe Nacional José Martí, organizador de la que llamara Guerra Necesaria e inspirador del proyecto revolucionario socialista cubano.
Una primera idea que debo trasladar es la imposibilidad de analizar la vigente Constitución, proclamada hace 40 años, sin echar una mirada al iter constitucional en nuestra historia. Haber llegado hasta aquí es también fruto de un proceso histórico complejo, a veces contradictorio, cuyo hilo conductor podemos encontrarlo en la búsqueda desde nuestros Padres Fundadores de una Patria libre y soberana y una sociedad más justa.
Ese sentimiento constitucionalista e independentista vio vida desde los inicios de lucha contra el colonialismo español al organizarse una República en Armas sobre pilares constitucionales y que tendría su primera expresión en Guáimaro, en abril de 1869. Toda una utopía en las condiciones de la lucha. Luego vendría la Constitución de Baraguá de 15 de marzo de 1878, fruto del pensamiento de Antonio Maceo y símbolo de la voluntad de continuar la lucha hasta alcanzar los objetivos por los que se había iniciado.
Asamblea de Guáimaro, cuna de hermosas tradiciones. Foto: Archivo de Cubadebate
Martí, como expresáramos, alma del inicio de la lucha en 1895, había analizado a profundidad las causas del fracaso de la Guerra de los 10 años, en particular lo relativo a la estructura político militar derivada de la Constitución de Guáimaro y supo juzgar con acierto las diferencias de Céspedes y Agramonte.
Fue clave su visión de organizar la lucha siguiendo postulados cívicos y republicanos, pero sin obstaculizar el desarrollo de las operaciones militares. En las Bases del Partido Revolucionario Cubano definía que la contienda sería de “espíritu y métodos republicanos” y así contribuir a un triunfo rápido y a dar “la mayor fuerza y eficacia a las instituciones que de ella se funden, y deben ir en germen en ella”. Igualmente en el Manifiesto de Montecristi señalaba: “Desde sus raíces se ha de constituir la Patria con formas viables, y de sí propias nacidas, de un modo que un gobierno sin realidad ni sanción no lo conduzcan a las parcialidades o a la tiranía”.
No son desconocidas las discrepancias con Maceo sobre la organización de la guerra. Su prematura muerte en Dos Ríos le impidió ver la Constitución de Jimaguayú. Coincido con la idea de que: “Pudo pensarse que al morir él, moriría su pensamiento de un gobierno democrático para el pueblo de Cuba Libre ya que la guerra quedaba, al menos cuando el gran revolucionario cayó en Dos Ríos, en manos de fuertes líderes militares. Pero no fue así: la labor de Martí había sido tan intensa, su prédica constante acerca de la necesidad de crear una república democrática había calado tan hondo en las entrañas de su pueblo, que aquellos de quienes pudo temerse que no estuvieran de acuerdo con él fueron los primeros en mover los resortes necesarios para poner en práctica las ideas que él traía al desembarcar en Cuba”. O en palabras de Emilio Roig: “la batalla que no pudo ganar en vida, la ganó Martí después de muerto.”
Finalmente, el período constitucionalista mambí cierra con la Constitución de la Yaya, aprobada el 29 de octubre de 1897 en cumplimiento del mecanismo de reforma establecido en Jimaguayú, la más amplia y abarcadora de todas con una extensa declaración de derechos, que no concluye con la independencia sino con la intromisión interesada de los Estados Unidos en la Guerra.
No quisiera concluir esa etapa sin citar las palabras de Fernando Ortiz: “Para los libertadores las constituciones no fueron solamente organización de la rebeldía de un núcleo humano para la acción interna, ni la intempestiva y anticipada consagración de un régimen interno inmaduro forzada para impresionar en el extranjero: sino que fueron además la intangibilidad del ideal revolucionario beligerante. Ellas eran la ¡República de Cuba! Eran la expresión simplista del ideal de los cubanos: la independencia. Eran, como el escudo, la bandera y el himno de Bayamo, un símbolo de nación libre”.
La República nacía con una Constitución en 1901 profundamente liberal y maniatada por la Enmienda Platt, antítesis de las aspiraciones de nuestros próceres. Un mecanismo de dominación legitimado constitucionalmente que sesgaba la soberanía y humillaba profundamente a nuestro pueblo.
En medio de diferentes vaivenes políticos e interregnos constitucionales, tras la caída de la dictadura machadista, se llega a un proceso que pudiera catalogarse de hito en la historia democrática burguesa: la aprobación de la Constitución de 1940. Un conjunto de factores de carácter interno e internacional conllevaron a lograr una norma de avanzada en el pensamiento constitucional de una época, al incorporar un grupo de derechos económicos y sociales; como el derecho al trabajo, salario mínimo, descanso, etc, derivados del constitucionalismo social de México y Weimar.
Su mayor incapacidad en los marcos de la democracia burguesa fue no hacer realidad sus postulados ni desarrollar las leyes complementarias.
Estuvo vigente hasta la ruptura constitucional provocada por el golpe del 10 de marzo de 1952, y frente al cual se desarrolla la lucha revolucionaria que enarbola, entre sus reivindicaciones principales, su restablecimiento futuro.
Al triunfar la Revolución, como es conocido, se dicta en febrero de 1959 la Ley Fundamental, mediante la cual se ajusta la Constitución de 1940 a la nueva realidad sociopolítica y a las necesidades de la radical transformación social que acontecería, y con ello se inicia el llamado período de provisionalidad.
Comienza la destrucción inmediata de la maquinaria estatal burguesa, que incluyó el cese de funciones de los espurios representantes de los órganos vinculados con la dictadura batistiana, y la desintegración de los viejos partidos políticos. Se concentran en el Consejo de Ministros las facultades constituyentes, legislativas y ejecutivas, manteniéndose el cargo de Presidente y adquiriendo un mayor peso el de Primer Ministro, al asumirlo Fidel Castro Ruz.
Desde ese órgano se fueron adoptando las medidas principales en cumplimiento del Programa del Moncada y restablecieron los derechos conculcados al pueblo. La Ley de Reforma Agraria, las leyes de Nacionalización, el acceso a la enseñanza, el empleo, la confiscación de los bienes de los malversadores, todas en una primera etapa democrática revolucionaria contaron con un amplio apoyo y legitimación popular.
Paulatinamente se va produciendo un proceso de reconstrucción del sistema estatal y de su sistema jurídico.
Para mediados de la década del 60 se aprecia el interés de encontrar formas institucionales superiores en la organización del Estado, a todos sus niveles, del Partido y de las organizaciones de masas en el país.
Pocas veces se recuerda que en el discurso de Fidel el 28 de septiembre de 1965 reconocía: “Nuestro aparato estatal (…) al surgir en medio de la Revolución como creación nueva que habría de sustituir al viejo aparato administrativo del Estado, ha adolecido, naturalmente, de todas las deficiencias que una cosa nueva y compleja como esta trae consigo inevitablemente. Pero se ha estado realizando, sobre todo en los últimos tiempos, un esfuerzo muy considerable para mejorar la eficiencia del aparato administrativo del Estado…”
Y más adelante, en esa propia intervención, reclama la necesidad de organizar al Partido, en todas las instancias, incluida la creación del Secretariado del Comité Central, y anuncia la preparación de un congreso de la organización política al siguiente año. Asimismo, precisó “… debemos empezar a preocuparnos para elaborar la Constitución Socialista”.
Se aprecia una voluntad por institucionalizar desde sus raíces el Estado socialista cubano, y en particular la necesidad de articular y construir democráticamente ese Estado, y sus órganos representativos, eliminar la excesiva centralización administrativa y las disfunciones en la labor del Partido y el Estado.
En esa dirección resalta la creación en 1968 de la Comisión de Estudios Jurídicos del Comité Central del Partido, presidida por Blas Roca, cuya labor comenzaría en 1969. Entre las tareas que debía acometer de inmediato incluía importantes proyectos legislativos y la labor asesora de lo que sería la futura Constitución.
Diversas razones de carácter interno y externo impidieron en lo inmediato llevar a vías de hecho esas ideas, en particular porque los esfuerzos principales desde finales de esa década del 60 estuvieron dirigidas a lograr en el año 1970 una producción de azúcar de 10 millones de toneladas, vía que se consideraba imprescindible para lograr un salto en el desarrollo económico y poder sostener los amplios programas sociales y el bienestar de la población.
Precisamente serían los duros análisis derivados del no cumplimiento de la zafra de 1970 y el retroceso en un importante número de indicadores económicos, así como las secuelas en el funcionamiento de los órganos políticos, administrativos y las organizaciones de masa, el punto de inflexión y el elemento catalizador del proceso institucionalizador que llevaría a la Constitución de 1976.
A partir de ahí comenzó un análisis en la dirección del Partido para estudiar aspectos principales sobre los cuales no había hasta el momento definiciones y que era necesario esclarecer por el impacto que tendría entre otros, en la futura Constitución. Nos referimos al sistema económico, al sistema de gobierno, los mecanismos de participación popular la División Político Administrativa, el papel del Partido y su delimitación funcional respecto al Estado y las organizaciones de masas. Todos debían evaluarse en el Congreso del Partido.
En ese sentido destaca el 24 de noviembre de 1972 la reorganización del Consejo de Ministros y la creación de su Comité Ejecutivo, con la atención diferenciada de los organismos de la Administración Central del Estado; en enero de 1973 se definen cambios en la concepción del trabajo de los organismos de dirección superior del Partido, que incluye entre otros, la constitución del Secretariado del Comité Central; la celebración del XIII Congreso de la CTC; la Ley de Procedimiento Penal en 1973, que introdujo importantes cambios, ofreció nuevas garantías y dejó atrás elementos del antiguo sistema de enjuiciamiento criminal de la colonia, y unido a ello la Ley de Organización del Sistema Judicial ese propio año, mediante la cual se unifican las distintas jurisdicciones, se establece la participación de jueces profesionales y legos y se crea la Fiscalía General de la República como órgano encargado del ejercicio de la acción penal pública y del control y preservación de la legalidad socialista.
Junto a ello, desde mediados de 1973 comenzaron los estudios para preparar un experimento que conllevara la organización y funcionamiento de un sistema de órganos representativos apoyados en una amplia participación popular, para el ejercicio del poder soberano a nivel local. Para dar cumplimiento a esa tarea se aprobó en mayo de 1974 la Ley 1269 que instituyó la Comisión Nacional para dirigir los trabajos experimentales de los órganos del Poder Popular en Matanzas.
Si bien la Comisión de Estudios Jurídicos se encontraba trabajando en las bases de la futura Constitución, el 22 de octubre de 1974 por Acuerdo del Consejo de Ministros se crea la Comisión Mixta del Partido y del Gobierno encargada de preparar y redactar el anteproyecto de Carta Magna. En ella se integraban dirigentes del Partido, del Gobierno, de las organizaciones de masas y destacados juristas.
En dicho acuerdo se establecieron un grupo de bases que orientaban el trabajo a desarrollar, teniendo en cuenta las realidades económicas y sociales, la experiencia del ejercicio del poder revolucionario en los años anteriores incluido el proceso de perfeccionamiento del aparato estatal, las experiencias de los países que construían el socialismo, las tradiciones progresistas y revolucionarias del pueblo y debía fundamentarse en sólidos principios marxistas leninistas. Asimismo, trazaba pautas para un grupo de contenidos vinculados fundamentalmente al sistema económico, el sistema de órganos estatales y los principios de su organización y funcionamiento, los derechos y deberes de los ciudadanos.
Como había sido establecido en el referido acuerdo, la Comisión entregó el anteproyecto al compañero Fidel Castro Ruz, el 24 de febrero de 1975, y posteriormente como un proyecto oficial fue sometido a una amplia consulta popular. En ese proceso participaron 6 millones 216 mil 981 ciudadanos, los que propusieron 12 883 modificaciones, 2343 adiciones de contenido constitucional, así como 84 solicitudes de aclaraciones.
Luego de analizadas estas propuestas se preparó el proyecto que fue presentado al I Congreso del Partido Comunista de Cuba. Durante la presentación del informe central a dicha cita partidista Fidel señaló:
“Hoy necesitamos una Constitución socialista, en correspondencia con las características de nuestra sociedad, con la conciencia social, las convicciones ideológicas y las aspiraciones de nuestro pueblo. Una Constitución que refleje las leyes generales de la sociedad que construimos, las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas operadas por nuestro pueblo. Una Constitución, en fin, que consolide lo que somos hoy y que nos ayude a alcanzar lo que queremos ser mañana”.
“Se ha trabajado concienzudamente en la elaboración del proyecto de Constitución. En el se han sintetizado las experiencias de nuestro propio pueblo y la experiencia universal de los pueblos que nos precedieron en la edificación socialista. Creemos que es un texto digno del primer Estado socialista de Obreros y campesinos, de trabajadores manuales e intelectuales, del continente americano, en el cual la soberanía y todo el poder pertenecen real y verdaderamente al pueblo laborioso, poder fundamentado en la propiedad colectiva sobre los medios de producción y sustentado en la firme alianza obrero-campesina, guiada por la clase obrera y su vanguardia organizada marxista-leninista, el Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”
Una vez aprobado en el Congreso del Partido el proyecto fue sometido a referendo junto a la Ley de Tránsito Constitucional, mediante el voto libre, directo y secreto de nuestro pueblo.
El pueblo acudió masivamente a votar en el Referendo constitucional en 1976. Foto: Archivo de Trabajadores
Los datos son harto reveladores del nivel de aprobación. De un total de 5 millones 717 mil 266 electores, concurrieron a las urnas 5 millones 602 973 (un 98% del total). De esa cifra votaron a favor del proyecto 5 millones 473 mil 534 para un 97,7 %, mientras sólo 54 mil 70 (el 1%) votaron negativamente; otros 44 mil 221 votaron en blanco (0,8%) y hubo 31 mil 148 boletas anuladas (0,5%).
Por primera vez en nuestra historia se ejercía el poder constituyente de esta manera directa. Además de la consulta popular la ratificación en referendo de un texto constitucional. No había antecedentes en América latina, ni tampoco fue la práctica seguida en los países socialistas. Obedeció a las ideas y a la práctica política de nuestra dirección revolucionaria que concebía la amplia participación del pueblo en la toma de las decisiones fundamentales.
Un día como hoy, hace 40 años fue proclamada en acto solemne en el teatro Carlos Marx. En la ocasión correspondió al compañero Raúl Castro Ruz, entonces segundo secretario del Comité Central del Partido, las palabras centrales. Entre otras cuestiones señaló: “Jamás en la historia de nuestra Patria y de nuestro continente ha sido aprobada una Constitución de contenido tan revolucionario y progresista; que responda en tal alto grado a los intereses de la Patria y del pueblo; que consagre y garantice con tal amplitud, y en tal correspondencia con la realidad económico-social de la que deriva y a la que norma jurídicamente, los principios de igualdad y justicia social y los derechos del individuo en concordancia con los intereses de toda la sociedad”.
Señalaba además a la Constitución como “el documento más importante que rige el proceso de institucionalización de la Revolución”. Con ella concluía el período de provisionalidad.
La Constitución de 1976 afianza la independencia y soberanía nacional, aspiraciones legítimas de nuestros libertadores, que había sido lograda en 1959, diseña un sistema económico sustentado en la propiedad cuasi absoluta del Estado sobre los medios de producción; define el papel del Partido como ente superior de la sociedad y del Estado; consagra derechos y libertades que no nacen con ella sino que refleja los que en el devenir revolucionario había conquistado para el pueblo, establece garantías materiales que permiten el ejercicio de los derechos y establece como principio del funcionamiento del Estado y sus instituciones la democracia socialista.
Anunció, como forma de gobierno, un modelo semi- parlamentario, siguiendo patrones del constitucionalismo socialista de entonces, aunque diseñó un sistema de órganos del Poder Popular estructurado desde la base hasta los niveles superiores asentado en la participación popular, que supone la elección, rendición de cuentas de los elegidos y posibilidad de revocación del mandato de éstos por la ciudadanía, que lo aleja del sistema representativo burgués. No es el mandato imperativo clásico pero supone en su idea primigenia un vínculo constante entre electores y elegidos.
Algunos autores cubanos y otros desde el exterior en los últimos tiempos al analizar el texto constitucional critican lo que llaman el mimetismo dogmático, la copia mecánica o el traslado de formulaciones propias de la práctica socialista de entonces, en particular de la Unión Soviética, y remarcan con fuerza la entrada de Cuba en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) casi como un maleficio que conllevó a adoptar esas posiciones y a alejarnos de nuestros principios y tradiciones.
Desde mi perspectiva considero que, como había sido establecido en las Bases del anteproyecto, era obligatorio estudiar el referente socialista europeo como antecedente lógico de la construcción del socialismo, y asumir experiencias que no poseíamos, ni incluso nuestros juristas, como reconociera el propio Blas Roca. Faltaba conocimiento de la aplicación práctica de la Teoría Marxista-Leninista del Estado y el Derecho, del propio constitucionalismo socialista y por ende era poco el juicio crítico que teníamos estos temas, en particular, hasta dónde estaban permeados de prácticas ajenas a las nuestras, y cuáles eran esencia y razón de ser del socialismo. ¿Cuál era el otro camino si nos hallábamos prácticamente solos en el entorno latinoamericano, con la hostilidad de los Estados Unidos y únicamente la mano solidaria de la URSS y los países del este europeo y habíamos emprendido el rumbo socialista?
Siempre pueden existir alternativas y nada justifica cualquier error pero es justo sostener que aún así se sometieron a análisis las experiencias ajenas, nuestras prácticas propias y lo foráneo que pudiera ser útil, conveniente y adaptable a nuestras condiciones concretas. Fue una preocupación constante mantener la originalidad propia de nuestro proceso revolucionario y nuestras tradiciones. Lo que no nos parece posible aceptar es que hubiéramos asumido una determinada postura por imposición o derivada de obligaciones nacidas de nuestra integración socialista. La Revolución siempre mantuvo una posición vertical en estos asuntos.
Otra situación es la que acontece cuando a mediados de la década del 80 del siglo pasado, al analizar situaciones internas que iban más allá de las Constituciones, sino vinculadas a errores en la práctica política y la dirección de la economía, así como evaluando los problemas que salían a la luz en los países socialistas que finalmente llevaron a su destrucción, Fidel dio paso a un proceso que llamó de rectificación de errores y tendencias negativas.
Desde una visión más cercana en el tiempo Fidel, en su histórico discurso del 17 de noviembre de 2005, en esta misma Aula Magna reconoce: “Una conclusión que he sacado al cabo de muchos años: entre los muchos errores que hemos cometido todos, el más importante error era creer que alguien sabía de socialismo, o que alguien sabía de cómo se construye el socialismo”.
Ese proceso de caída del campo socialista, la entrada en lo que sería el Período Especial y los análisis del proceso de rectificación de errores constituyeron la antesala del IV Congreso del Partido Comunista de Cuba, cuyos acuerdos generarían una importante reforma constitucional. En ese sentido el Congreso definió:
“Atendiendo a las recomendaciones de esta Resolución para el perfeccionamiento de los órganos del Poder Popular, se sugiere a la Asamblea Nacional del Poder Popular, continuar valorando las posibles modificaciones de la Constitución de la República encaminadas a materializar estos objetivos e igualmente, teniendo en cuenta los 15 años de vigencia, el Congreso recomienda que en los estudios que se están realizando se incluyan otros aspectos del texto constitucional, no relacionados con ese propósito, pero que puedan estar requeridos de actualización o de precisiones.
Entre estos aspectos podría considerarse lo concerniente a los principios de nuestro sistema político y las formas de fortalecer o establecer una adecuada protección constitucional para dicho sistema.
En este propósito es conveniente tomar como guía y fuente de inspiración la rica historia y tradición institucional y constitucionalista cubana, que tiene sus orígenes en las primeras luchas libertarias de nuestros mambises.”
Luego de los trabajos correspondientes de un Grupo coordinado por la Asamblea Nacional del Poder Popular y los análisis en el Comité Central del Partido, fue sometido a examen el proyecto en sesión extraordinaria del Parlamento los días del 10 al 12 de julio de 1992.
Las primeras modificaciones estuvieron dirigidas a dar respuesta a las resoluciones del IV Congreso del Partido, en particular los relativos al sistema económico, el perfeccionamiento del Poder Popular y el fortalecimiento de la libertad religiosa.
En ese orden se elimina el monopolio del Estado sobre los medios de producción, señalando que ello entrañaba solo los “medios fundamentales”; y la posibilidad de revertir esa propiedad teniendo en cuenta los fines del desarrollo del país; y se reconoce como nueva forma de propiedad las de las empresas mixtas, sociedades y asociaciones económicas.
Introdujo cambios sustanciales en el ejercicio democrático del poder de nuestro pueblo, al establecer la elección directa de los diputados y delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular, hasta ese entonces electos por las Asambleas Municipales; institucionalizó los Consejos Populares, como vía para fortalecer el papel de los delegados del Poder Popular y su interacción con el pueblo; la eliminación de los Comités Ejecutivos y con ello elevar el papel de las asambleas locales, hacia una mayor delimitación de la labor de control hacia la administración.
El Estado cubano adquirió un carácter no confesional, se amplió la libertad religiosa y fue prohibido expresamente la discriminación por motivos religiosos.
Fueron introducidos cambios relativos a la Defensa Nacional, al incorporar el papel de los consejos de defensa e incorporó la situación excepcional del Estado de Emergencia, como mecanismo de defensa del orden constitucional ante catástrofes, desastres y otras circunstancias que afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado.
Asignó como obligación de los cubanos defender por todos los medios, incluido la lucha armada, cuando no fuere posible otra acción, al sistema político socialista establecido en la Constitución.
La última de las reformas correspondió al año 2002, en respuesta a los planteamientos injerencistas del entonces Presidente de los Estados Unidos George W. Bush, a instancia de las direcciones de las organizaciones de masas, la Asamblea Nacional del Poder Popular y luego de un proceso cuasi plebiscitario, avalado por la firma de más de 8 millones de cubanos, el 26 de junio de ese año se estableció como una cláusula de intangibilidad, la irrevocabilidad del socialismo y la voluntad de no volver jamás al capitalismos. En el artículo 11 se adicionó un párrafo en el que prohíbe negociar las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier Estado bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera, así como estableció cambios en el mecanismo de reforma.
Esta modificación vino a redoblar y blindar el carácter socialista de nuestro sistema y a imposibilitar, por vía constitucional, su destrucción y retorno al capitalismo, sin impedir el perfeccionamiento del socialismo que construimos.
Estimados colegas:
Hasta aquí esta breve caracterización de la Constitución cubana de 1976, con sus dos reformas principales.
Han sido 40 años de vida constitucional con más luces que sombras. De virtudes e imperfecciones como toda obra humana y sobre todo esta, constituida en un proceso revolucionario como el nuestro.
Una constitución que vino a encauzar jurídicamente los sueños libertarios de más de un siglo de lucha por la independencia, que afianzó el socialismo como sistema que ha conducido a un pueblo al logro de sus objetivos como nación y a sortear los desafíos que en estos años hemos enfrentado.
Pero las constituciones no son estatuas pétreas, inamovibles y de eterna reverencia. Una construcción es hija de su tiempo, parafraseando a Ortega y Gasset, es ella y sus circunstancias.
De tal modo que llegado el momento histórico en que realidad social y texto constitucional estén divorciados, corresponde encarar un proceso de reforma. Por la naturaleza de la Ley de Leyes, su origen, contenidos, y ámbito sobre el que actúa es imprescindible que sus normas no queden como simples palabras desvinculadas de la sociedad en la que han de regir.
Comparto la opinión del profesor Carlos de Cabo cuando señala: “Hay que recordar no obstante aquella peculiaridad, (…) del Derecho Constitucional como Derecho de lo político, de su consistencia en la específica forma de vinculación de lo jurídico y lo político que se hace de manera particularmente intensa en la Reforma Constitucional, en la que lo político se manifiesta en la naturaleza del Poder que lo impulsa, en los órganos que intervienen en el procedimiento así como en la decisión sobre la oportunidad y los contenidos y lo jurídico en su carácter de Fuente de Derecho y garantía constitucional. Y en ambos aspectos se manifiesta el máximo nivel político por el quién interviene y sobre el qué se interviene y el máximo nivel jurídico por la función que desempeña en el ordenamiento jurídico en general y en el constitucional de mantenimiento y efectividad del principio de constitucionalidad o legalidad constitucional”. (Fin de la cita).
Como es conocido, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañero Raúl Castro Ruz, ha expresado públicamente la necesidad de reformar en su momento la actual Constitución de la República.
Los nuevos derroteros trazados a raíz de aplicación de los Lineamientos de la Política Económica y Social aprobados en el VI Congreso del Partido y los objetivos emanados de su I Conferencia Nacional, así como las decisiones que se adopten en el venidero congreso partidista serán fuente de análisis para encarar esa futura reforma constitucional.
A ello se unen las experiencias derivadas de la implantación del nuevo modelo organizativo y funcional aplicado en las provincias de Artemisa y Mayabeque, en cuanto al funcionamiento de los órganos locales del Poder Popular.
No deben dejarse de analizarse los años de práctica en nuestro país al amparo de nuestra vigente Carta Magna, el desarrollo del pensamiento constitucional, en particular del nuevo constitucionalismo latinoamericano.
La reforma no se lleva a cabo por cambios de generación, ni por criterios doctrinales o académicos, sino cuando los umbrales y límites constitucionales son rebasados y no puedan ser resueltos por vía de la interpretación. No es un proceso al que hay que recurrir frecuentemente, pues la norma constitucional está requerida de una alta dosis de permanencia y estabilidad.
En un futuro habrá que pensar cómo fortalecemos los mecanismos jurídicos e institucionales que aseguren el cumplimiento de la Ley Fundamental y su supremacía; cómo convertirla en una herramienta permanente en el quehacer cotidiano de los órganos estatales y el pueblo en general; como perfeccionar la participación popular en la gestión estatal; cómo alcanzar una mayor autonomía nuestros órganos locales del Poder, en particular en los municipios y una más eficaz interrelación con la ciudadanía en esa instancia.
Esos son algunos de los retos que nos están planteados, para hacer nuestro socialismo más participativo, inclusivo y democrático, en el que ocupe un lugar cimero, como instrumento de su defensa permanente, su Constitución.
