Por Ovidio D´Angelo Hernández, Cuba Posible
La situación actual.
Los Lineamientos del Partido abrieron, de manera abrupta, unas nuevas formas de emprendimientos no estatales (FGNE) a partir de la figura del cuentapropismo (TPCP) y de cooperativas no agropecuarias, mediante fórmulas de propiedad no estatal, arriendos a privados o colectivos, etc.
Las medidas dieron un respiro a nuevas iniciativas de servicios a la población, comercialización –o, en menor medida, de producción- que diversificaron las ofertas disponibles, descargando al Estado, en alguna medida, de numerosos males (plantillas infladas, filtraciones –llamados faltantes-, atención a múltiples pequeños establecimientos que dispersan las posibilidades organizativas, etc.).
Unido a ello, se producen alzas en precios de productos básicos o elaborados, con la intervención de otros actores que complican las cosas (intermediarios –a veces necesarios-, trabajadores informales, mercado negro, etc.), a lo que ha contribuido la lenta y minoritaria introducción de mercados mayoristas.
Por otro lado, el llamado TPCP desbordó ampliamente, a veces de manera legal o de forma expedita y subterránea, sus funciones originales de apoyo a los ingresos de algunos sectores de la población. Bajo esa figura hoy existen trabajadores personales, arrendadores de habitaciones, micro-negocios familiares o arrendatarios colectivos (que, en la práctica, funcionan como una asociación cuasi-cooperativa: por ejemplo, peluquerías, ajustadores de relojería y otros). Todo ellos compatibles con formas de propiedad o gestión de tipo personal-microcolectivas, autogetionadas, afines al ideal socialista de progreso, equidad y libertad personal.
El problema comienza a surgir cuando de esas micro agrupaciones emergen otras “pequeñas”, medianas y mayores empresas en las que los titulares cuentapropistas (en realidad patrones capitalistas de diverso nivel) contratan a otros trabajadores, de manera que comienza a extenderse una forma de explotación de fuerza de trabajo que va engrosando capitales, más allá de que no todos los derechos laborales se cumplan. Algunos de esos negocios, inclusive, mantienen una forma encubierta de inversión de capital extranjero que también comparte las ganancias de una manera ilegal, como forma de explotación del trabajo asalariado.
Otro tanto sucede con las cooperativas no agropecuarias, que en su mayoría son impuestas desde los organismos estatales de procedencia, sin disponer de una formación y disposición cooperativista basada en los principios fundantes de las mismas, en una extraña mezcla de negocio derivado de lo estatal (o articulado con relaciones preexistentes) y privado, de un grupo ajeno a las necesidades sociales.
No podría decirse que la empresa estatal -tal y como ha funcionado- sea la solución, pues igual enajena al trabajador asalariado de sus resultados y del proceso de gestión y distribución de las ganancias. La fórmula actual descentralizada, planteada por los Lineamientos, obvia la importancia de la participación del colectivo de trabajadores en las decisiones fundamentales de las empresas. Es por ello que no podría considerarse tampoco como una propiedad social, más allá de que el Estado-Partido decide qué hacer con los fondos recaudados de sus productos, una parte de los cuales son redistribuidos en servicios sociales gratuitos a la población y otra parte del presupuesto estatal queda difuminada en el secretismo habitual.
Las relaciones Cuba-Estados Unidos-Europa en la nueva coyuntura.
La política de establecimiento de relaciones entre Estados con diferente régimen social resulta una obvia necesidad en los tiempos actuales de un mundo globalizado cultural y económicamente. Lo mismo ocurre con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, más acá y más allá de la historia de agresiones y confrontaciones.
Sin embargo, como muchos han señalado, se mantienen diferencias de enfoque desde ambos lados. No puede esperarse que Estados Unidos deje a un lado su impronta de gran nación, su aspiración de promover el sistema capitalista y la democracia formal como ideal de país; incluso cuando simule no inmiscuirse en los asuntos internos de los países.
Resultó muy ilustrativo el contraste de posiciones en el encuentro del presidente Obama con cuentapropistas cubanos, entre algún cuentapropista de vocación social (Papito-Proyecto Artecorte, con actividades múltiples de favorecimiento del entorno social, en interrelación con el sector público-estatal y otros TPCP e instituciones comunitarias), que enfatizó la realización de su actividad basada en valores sociales y la interpretación divergente de Obama, aconsejando que desde un garaje se podía llegar a construir grandes empresas privadas y le auguraba éxitos a Papito –muy distintos a los que él mismo se estaba planteando.
De la parte cubana, el mantenimiento de esquemas conceptuales que resultaron inviables en los países del socialismo real, la inercia de cambio de mentalidad –con proclividad a la aceptación de formas capitalistas nacionales o extranjeras, sin contrapeso en una conformación socializadora posible-, abre el camino a la incertidumbre sobre las vías próximas del desarrollo nacional.
¿Alternativas de solución socialista?
Si se tomaran en cuenta las experiencias históricas (las pasadas y las actuales) sobre diferentes formas de organización de la sociedad, se podría llegar a fórmulas más sociales en las que las diversas formas de propiedad y gestión asumieran un carácter realmente social. Los principios de la Economía Social y Solidaria (ESS), acompañados de una democracia participativa, protagónica y decisoria en todos los niveles de la economía y la sociedad, generarían una cultura diferente de cooperación y ayuda mutua, de distribución equitativa, en vez de generar desigualdades, pobreza, alienación del trabajo y oposición capital-trabajo.
El modelo de emprendimiento con vocación social del Proyecto Artecorte, apoyado por el Plan Maestro de la Oficina del Historiador de La Habana y generador de bienestar social y relaciones intersectoriales positivas, es un ejemplo de lo que se puede conseguir para beneficiar a todos.
La ESS sería una plataforma que permitiría aplicar a las distintas formas de propiedad los principios del cooperativismo siguientes: 1) Participación democrática de los trabajadores en las decisiones y gestión empresarial. 2) Distribución de las ganancias de acuerdo a principios consensuados. 3) Autonomía relativa de funcionamiento empresarial, en relación intersectorial público-privado. 4) Co-participación de capitales de diferentes fuentes, bajo los principios anteriores, en las diversas formas de propiedad. 5) Ejecución de formas de Responsabilidad Social comunitaria, de cooperación y solidaridad social, que beneficien a los sectores más desfavorecidos y vulnerables, mediante múltiples acciones. 6) Formas de organización del trabajo a partir de grupos multifuncionales y semi-autónomos. 7) Construcción de formas de asociatividad de los emprendimientos y empresas de diferente tipo, que garanticen la posibilidad de aplicación de esos principios solidarios comunitarios. 8) Promoción de la propiedad y/o gestión comunal de formas cooperativas o asociativas mixtas. 9) Vinculación, a nivel territorial, de las diferentes formas de propiedad a partir de Programas de Desarrollo Social y en estrecha vinculación con la participación ciudadana bajo formas organizativas comunales, etc.
Algunas de esas medidas se realizan hoy, incluso en países capitalistas o en experiencias socialistas, con diferentes fines. Pueden tomar aquí su verdadero sentido social de solidaridad y construcción social cooperada. Si la empresa estatal fuera realmente social y las formas de autogestión extendidas a todos los planos de la sociedad fueran las que se enfatizaran, andaríamos de otra manera.
Ello demanda una participación activa y eficaz, que bajo ciertas condiciones y comprometida con los principios mencionados, contribuiría al necesario fortalecimiento tecnológico y financiero de la economía nacional.
Se requeriría el ejercicio del TPCP bajo principios asociativos que les permita ejercer un mayor nivel de responsabilidad social (más allá de las cargas impositivas estatales que no son controladas por la población) y, conjuntamente, el restablecimiento de principios de sindicalización real (lo que vale para el sector estatal en el que los sindicatos han quedado reducidos a simples poleas de transmisión desde el Centro). Esto último favorecería los derechos de los trabajadores asalariados en todas las formas de propiedad y gestión.
La intersectorialidad bajo principios de concertación público-colectiva-privada, de todas las formas de asociación empresarial, cooperativas asociadas (de segundo y tercer orden) en federaciones nacionales y territoriales, bajo el papel regulador del Estado, podrían, en su conjunto, coadyuvar al desarrollo socioeconómico que necesitamos.
Todo esto apunta a que el panorama futuro no se decide mediante la promoción de formas capitalistas con democracia formal (capitalismo desarrollado actual), ni con formas capitalistas-estatales con gobiernos autoritarios (“socialismo” de mercado tipo oriental), ni con formas de socialismo real-estatal con pequeña producción mercantil y limitada inversión extranjera (“socialismo” con actualización del modelo económico-social). Otras formas basadas en una cultura de la cooperación, del legado del Buen Vivir, de la participación popular ciudadana, del gobernar obedeciendo, del socialismo comunal y otras son posibles, como alternativas a la realidad incierta de la Cuba de hoy.
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