Enseñanzas de nuestra historia (I)

Por ARMANDO HART DÁVALOS

La historia es la gran maestra de la política y en los tiempos que corren resulta imprescindible estudiar las lecciones del pasado porque los desafíos actuales tienen profundas raíces que en ocasiones se afincan en los siglos anteriores. Por ello, los cubanos estamos interesados en conocer mejor los hilos principales de la milenaria historia universal y promover una cultura sin esquemas ni doctrinas ideologizantes, que es la que necesita el mundo para librarnos de la estrechez de conceptos generados por una civilización cargada de materialismo vulgar y tan necesitada del acento utópico que los pueblos de raíz latina han mostrado junto a su capacidad de integrarse y renovarse en complejas y adversas condiciones, mientras otras culturas permanecen encerradas en sus estrechas fronteras.

Desde nuestra tradición y valores históricos debemos presentar como respuesta a los intentos de imponer un pensamiento único y patrones uniformadores, la solidez de nuestra cultura y su valor utópico encaminado al propósito de la integración y del equilibrio entre los hombres y las naciones. No llegaremos nunca a una identidad de propósitos con debates simplemente teóricos, nos podríamos perder en discusiones bizantinas que a nada conducen, sin embargo, si estudiamos la historia e ideas concretas de los mejores pensadores y próceres latinoamericanos y caribeños podríamos encontrar mejor el camino de nuestra identidad común.

Esta fue la prédica, la enseñanza y la acción de José Martí, tan cubano como iberoamericano y universal, quien proclamó, como suprema aspiración de la república que se propuso construir, que su ley primera fuera “el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. Él representa, en el siglo XIX, la expresión más alta de una tradición jurídica que se continúa hasta nuestros días.

Cuba tiene una larga tradición y rica experiencia histórica sobre el tema del estado y el derecho, que debe conocerse por profesores e investigadores de estas disciplinas claves para esclarecer caminos en tiempos como los actuales.

La primera Constitución cubana expresó, desde 1869, los niveles más altos de la cultura jurídica, política y social de la nación entonces emergente. En cuanto a esta disciplina, se revelaron las más altas escalas de la llamada cultura occidental. La República en Armas, establecida en abril de 1869, a solo seis meses del levantamiento armado, encarnaba los intereses de la nación que emergía con un estado cubano de derecho.

Desde aquel tiempo, el tema del derecho ha sido un componente fundamental de las luchas políticas y revolucionarias cubanas orientadas a garantizar la independencia nacional y la defensa de los intereses de los pobres y explotados. Los decretos de abolición de la esclavitud constituyeron el primer eslabón de una cadena de ideas jurídicas encaminadas hacia la justicia en su acepción cabal, es decir, universal, y fundamentada en sólidos principios morales. Asimismo, en nuestra tradición jurídica ha estado presente la necesidad de la unidad del país frente a sus poderosos enemigos.

En esta primera Constitución quedó consagrada la igualdad de todos los hombres y mujeres ante la ley y la liberación de los esclavos. En aquella república, a medida que fue radicalizándose la lucha, se estableció un nexo indestructible entre la independencia nacional y la liberación social.

La Revolución iniciada en 1868, después de 10 años de duro combate no logra alcanzar el triunfo. Se continúa en 1895, esta vez bajo el liderazgo de José Martí y queda trunca con la intervención de Estados Unidos, en 1898, en la guerra que oponía a cubanos y españoles.

Aquel dramático desenlace fue la causa fundamental de que se frustrara el ideal de independencia radical de la nación cubana. Se dio paso a la república mediatizada instaurada el 20 mayo de 1902, que fue el primer ensayo neocolonial en el mundo. Esa república nació con un apéndice constitucional, la Enmienda Platt, aprobada por el Congreso norteamericano mediante el cual se le otorgaba el derecho a los Estados Unidos de intervenir en Cuba y se le concedían porciones del suelo patrio para la ubicación de estaciones navales y carboneras que dieron lugar más tarde a la Base Naval de Guantánamo. Asimismo, se segregó de la soberanía de la nación a la Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, y se dispuso que su status final se determinaría en un futuro tratado. Políticamente, y vinculada al proceso de expansión económica que Norteamérica asumiría desde principios de siglo, aquella república quedó sometida a los mandatos del imperio. En sus esencias se parecía bastante a un protectorado.

Estas circunstancias acabaron generando en el país un combate revolucionario que culminaría con la lucha contra la tiranía de Gerardo Machado en la tercera y cuarta décadas del siglo XX. En la línea primera de ese proceso estuvo lo mejor de la intelectualidad cubana entre ellos los juristas.

Tras el derrocamiento de aquella dictadura sangrienta, en 1933, se desencadenó un proceso revolucionario que intentaba hacer prevalecer los intereses del pueblo cubano que resultó frustrado nuevamente con la activa participación del Gobierno de Estados Unidos.

En 1934, y en virtud de un intenso trabajo de propaganda patriótica de treinta años, Estados Unidos aceptaba la suspensión de la Enmienda Platt que había sido decidida ya por el Gobierno Revolucionario que emergió tras el fin de la dictadura.

Como reflejo político asociado al estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se propició un proceso de carácter pacífico en el que intervinieron todas las fuerzas políticas del país para plasmar en la Constitución de 1940, con el consenso nacional, los puntos más avanzados del pensamiento político de la época. Su texto es el resultado histórico del proceso forjado desde las décadas precedentes.

No obstante estas profundas debilidades derivadas del sistema social dominante, la Carta Magna de 1940 fue una de las más progresistas entre los países capitalistas. Entre las naciones del llamado Occidente, fue una de las más cercanas a un pensamiento social avanzado. Estamos planteándonos promover entre los estudiosos de las ciencias jurídicas, investigaciones de derecho comparado de dicha Constitución con otros textos de la época. En esa Constitución se abolía el latifundio como expresión de la conciencia nacional a favor de una Reforma Agraria. Desde luego, el sistema político y social burgués impedía su aplicación y nunca se aprobaron las leyes complementarias que la harían posible. Ambos aspectos, abolición del latifundio y reforma agraria eran elementos claves que implicaban un desafío a las grandes empresas norteamericanas propietarias de enormes extensiones de tierra en todo el país y abrían el camino hacia transformaciones socialistas. Desde luego, sus medidas más avanzadas nunca se cumplieron porque los gobiernos corrompidos y entreguistas lo impedían.

Para el 1° de junio de 1952, en medio de la corrupción, el latrocinio y la entrega a los intereses de los Estados Unidos, se habían convocado elecciones generales en las cuales iba a triunfar un partido de amplia base popular. Menos de tres meses antes, el 10 de marzo de aquel año, Fulgencio Batista, con el apoyo norteamericano, derrocó al gobierno constitucional y abolió la Constitución de 1940. De esta forma impidió la victoria popular y afianzó el dominio económico de Estados Unidos del país. Sin embargo, los reaccionarios deben extraer todas las consecuencias de la lección que la historia dio del golpe de Estado, porque el rechazo del pueblo a aquel régimen tiránico generó un proceso revolucionario radical que culminaría con el triunfo de la Revolución. Así conquistamos la plena libertad y la independencia el 1° de enero de 1959.

En la lucha contra la tiranía influyó, de manera decisiva, la defensa de la Constitución de la República, la que teníamos como bandera. Ello tenía su fundamento en la tradición jurídica descrita y que se ejemplificó, de manera muy evidente, en dos momentos del período neocolonial (1902-1959). Hubo, en ese tiempo, dos gobiernos que de manera clara y descarnada violentaron la Constitución e instauraron una tiranía: los de Gerardo Machado (1926-1933), con la prórroga de poderes; y el de Fulgencio Batista (1952-1959), con su tristemente célebre golpe de Estado. Ambos generaron procesos revolucionarios radicales que tuvieron como punto de partida la lucha contra el quebrantamiento de la ley. El rechazo popular a la ilegitimidad de gobiernos tiránicos está en la médula de la cultura jurídica y política cubana.

Hay otra gran enseñanza de la historia transcurrida desde 1869 hasta nuestros días: se trata de la unidad de las fuerzas revolucionarias. En el siglo XX, fue Fidel Castro quien hizo posible la unidad asumiendo la tradición martiana y las enseñanzas del largo proceso que hemos descrito.

Estamos persuadidos de que la cultura de hacer política que Martí nos enseñó es el aporte principal de Cuba al acervo intelectual universal, que supera la vieja consigna conservadora de divide y vencerás, de antiquísima referencia, establece el principio de unir para vencer y postula una definición de la justicia como el sol del mundo moral. Ahí está la esencia de la acción política cubana y se basa en el principio enunciado por el Maestro de que ser culto es el único modo de ser libre.

(Continuará)