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LA HABANA. Los economistas del patio coinciden en que si las transformaciones en el sector agropecuario no cuajan, difícilmente el proyecto de Actualización Económica pueda lograrse. La sustentabilidad alimentaria es una urgencia primaria de cada mesa del país, y también lo es política, tanto que define actitudes de adhesión y apoyo al proyecto general que debemos hacer avanzar: acerca o distancia, establece rupturas o compromisos, según sea, entre gobernantes y gobernados. Esto es clave para caminar hacia las metas propuestas.
La experiencia
En 2008 se aprobó el Decreto-Ley 259 del Consejo de Estado, que aprueba la entrega de tierras ociosas en usufructo a “personas naturales o jurídicas” para ser utilizadas de forma “racional y sostenible”. En aquel momento, tanto los potenciales beneficiados como otros interesados en el tema de la agricultura cubana se manifestaron a favor del cambio, porque el modelo agrícola cubano necesita ser transformado. Necesita cambios sistémicos, no parches.
Pero también en aquella oportunidad muy pocos se libraron del escepticismo: “Es bueno, pero veremos cuánto dura”.
Con anterioridad las autoridades pertinentes habían probado a diversificar las formas de propiedad, producción y comercialización en nuestro modelo agrícola. Por ejemplo, en 1980 el Ministerio de Comercio Interior autorizó el mercado libre campesino, al que los productores privados, de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y de las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) podían concurrir directamente a vender su mercancía.
Fue algo bueno, según han analizado algunos especialistas. Aun así, la iniciativa fue suprimida seis años después, para luego, en 1993, volver a establecerla bajo la forma de un mercado libre agropecuario.
Sucedió que estas medidas fueron producto de coyunturas específicas y no del desarrollo sistemático de una política que realmente incentivara a los pequeños productores a auto gestionar la tierra que trabajan.
En 1993 y como consecuencia de la paralización de la economía en esa década de profundas crisis, el Ministerio de la Agricultura facultó a los directores de sus empresas a entregar parcelas de autoconsumo y también tierras para la producción de tabaco. Dos años más tarde se dispuso, mediante la Resolución 223/95 del MINAG, la entrega de tierras estatales ociosas “en concepto de usufructo y para su explotación familiar”. Y en 2003, probablemente para agilizar el procedimiento de entrega, se facultó a los delegados municipales para “el otorgamiento, control y rescisión” de estas propiedades.
Es decir, desde los primeros años de la década del noventa hubo usufructuarios en Cuba, y probablemente desde antes. Sin embargo no fue hasta 2008, con del Decreto-Ley 259 que regula la entrega de tierras ociosas en usufructo, que esta opción para el mejor aprovechamiento de los recursos, tanto territoriales como humanos, se materializó como voluntad política del gobierno.
Los propietarios
Según el Decreto-Ley No. 125 del año 1991 sobre el régimen de posesión y propiedad de la tierra, los agricultores pequeños están obligados a explotar la tierra de su propiedad de modo eficiente, “conforme a las regulaciones […] establecidas por el Ministerio de la Agricultura”.
La relación que establece el gobierno cubano entre el dueño y el propietario es estratégica, porque sigue la lógica de la propiedad estatal para asegurar que los latifundios no vuelvan a existir en Cuba. De modo que la condición de propietarios pierde su significado tradicional, pues este prácticamente no puede decidir ni siquiera el tipo de cultivo que desea desarrollar. Tampoco puede vender la tierra, a menos que lo haga al propio Estado. Ni parcelarla sin consentimiento… En realidad los propietarios no son los dueños.
El dueño de la tierra es el Estado, definido oficialmente como representante del pueblo. Aproximadamente el 86% de la tierra en Cuba es propiedad estatal, mientras que solo un 9,27% pertenece a pequeños agricultores.
Pero en la práctica el ejercicio de representación está muy lejos de agotar hoy todas sus potencialidades. Primero por la relativa participación del pueblo en la toma de decisiones y el control sobre los poderes públicos, y luego por la falta de información sobre los procesos mediante los que se reorganiza, una vez más, el modelo agrícola en la Isla.
“Un país que se respete debe tener control sobre esto [la tierra], y mucho más nosotros aquí en el socialismo”, afirmó José Ramón Machado Ventura hace unas semanas, luego de recordar que no “puede haber distracción ni concesiones” con aquellos productores que, luego de siete años desde que se permitió la entrega de parcelas en usufructo, continúen incumpliendo los contratos establecidos por el propio Estado, aunque las razones sean lógicas.
En palabras de Marino Murillo Jorge en un congreso de la ANAP, la actualización del modelo económico en Cuba se sustenta en “la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y el más preciado es la tierra”.
Por eso el Vicepresidente del Consejo de Estado, y también Segundo Secretario del Comité Central del Partido, Machado Ventura en persona, ha recorrido el país reuniéndose directamente con los productores, puesto que es un tema sumamente determinante en el desarrollo económico.
Según la información publicada en el diario Granma, “este proceso no es para quitarle la tierra a la gente, es para hacer cumplir el objeto social y productivo con que fue entregada”. No obstante, agregó Ventura, a estas alturas “no hay que tener contemplaciones”: “Si alguien sigue incumpliendo, entonces se le retira el usufructo”. Del otro lado, desde el surco, no son pocos los productores que se preguntan qué pasa cuando el estado no cumple con el tiempo de recogida de las producciones o demoran meses en pagar.
La actual distribución de tierras ociosas dibuja un escenario en el que se ha consolidado el predominio de los productores no estatales, particularmente las CCS, el productor privado y el usufructuario. En términos de uso y tenencia, este grupo ha pasado de gestionar un 18,5% de la tierra a un actual 51%. Por demás, son los productores con mejores resultados.
De ahí que resulte, más que contradictorio, imprescindible la participación de estos en decisiones y normas que les competen directamente y que poco a poco van conformando un nuevo modelo agrícola en Cuba.
Para los usufructuarios, incluso el Decreto-Ley 300 de 2012, que sucedió al 259, todavía hoy contiene grandes limitaciones.
El Decreto-Ley 300
Dice un productor de leche en Valle del Perú, San José, que “el Estado es un mal socio”. Los contratos son muy impositivos. El usufructo podría terminarse en cualquier momento si hay sequía, si hay robo, si hay poca producción… No es fácil cumplir sistemáticamente con tan altos compromisos: paga poco por grandes cantidades, vende insumos caros, en muchas ocasiones se demora en pagar, por lo cual es más difícil invertir en la próxima producción y, para colmo, los productos pueden demorarse tanto en llegar a los puntos de venta, que para cuando alcanzan la mesa de la población es mercancía de segunda, y hasta de tercera”.
De hecho, desde la emisión del Decreto-Ley 259, en 2008, hasta la aprobación del 300 en 2012 sobre el tema del usufructo y sobre su implementación, los datos mostraron el decrecimiento del sector agrícola cubano: de 2009 a 2012 hubo un 2,5% menos de viandas, un 4% menos de hortalizas; un 4,4% menos de frijoles y un 4,3% menos de producción ganadera.
Hasta que en 2012 la nueva norma actualizó el procedimiento, y resolvió fundamentalmente el tema de la vivienda y la herencia. Hoy los que se acogen a este Decreto-Ley son 279 021 personas en posesión de 1 403 940 ha. No obstante, después de largos análisis y repetidas visitas de dirigentes a estos usufructuarios en ascenso, se hubiera podido pensar que los avances serían mayores.
Desde el mismo artículo primero se utiliza, a diferencia del decreto anterior, el sintagma “usufructo gratuito”, que en buena ley es una redundancia, pues el usufructo es el derecho de utilizar algo que pertenece a otro sin pago alguno, a diferencia del arriendo que implica pagar un impuesto por el uso.
Este impuesto aparecía en el Decreto-Ley 259: “Los usufructos concedidos a personas naturales anteriores a la vigencia del presente Decreto-Ley y los que en el futuro se concedan, serán gravados con un impuesto por la utilización de las tierras” (Artículo 5). Pero ahora, la palabra “gratuito” implica que la tierra pertenece, jurídicamente hablando, al estado, lo cual no discuto. Y económicamente también, porque si no se cobra ese impuesto a los productores se les priva de ejercer plenamente su derecho a decidir sobre la totalidad de su actividad económica.
El concepto de realización de la propiedad, como ha escrito el profesor Armando Nova, no se trata solamente de poseer el título de propiedad, sino del derecho de los individuos o del colectivo de tomar sus propias decisiones: “qué estructura de producción deben lograr, a quién destinar o vender la producción, los precios que debe recibir por sus productos, dónde comprar los insumos productivos y el equipamiento (…) y finalmente, una vez deducidos sus compromisos financieros, disponer de sus resultados económicos, tomando en consideración los requerimientos sociales”.
La tierra, como insistió el Segundo Secretario del Comité Central del Partido José Ramón Machado Ventura, pertenece al Estado, y por ende al pueblo. Y el Estado dice que las condiciones están “para dar un salto productivo”, que “toca ahora hacerlo”. Pero esta tierra, nuestra, no podrá parir nuestros alimentos solo porque el Estado así lo establece. Los productores son el eslabón decisorio de la economía agropecuaria. Más que decretos se impone un diálogo.
Foto de portada: Carlos Ernesto Escalona Martí
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